EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Y EL RECTOR, M.SC. ING. MURPHY OLYMPO PAIZ RECINOS,

A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERÉTNICOS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (IDEPI),

ANTE LA SITUACIÓN QUE AFECTA A LAS POBLACIONES MIGRANTES

EN LA PRESENTE PANDEMIA DEL COVID-19

Las deficiencias estructurales del sistema económico guatemalteco, caracterizado por excluir a un gran número de la población, que no encuentran condiciones de trabajo que les permitan vivir dignamente, hace que opten por emigrar del país para buscar mejores condiciones de vida. Como consecuencia, en Estados Unidos de América se ha conformado una comunidad migrante, estimada en más de 1.8 millones de personas, con su trabajo garantizan la economía familiar de más de  6 millones de guatemaltecos, siendo las remesas uno de los pilares de la economía que estimula el comercio, la construcción, las finanzas, las dinámicas locales comerciales y contribuye a mejorar el acceso a la salud, la educación y la vivienda. Los montos crecientes de remesas superan la inversión extranjera, la cooperación internacional y las agroexportaciones. De ahí que el papel que desempeñan los migrantes en la economía nacional, departamental y municipal es vital y debe ser valorado justamente.

Debido al endurecimiento de las políticas migratorias en los países de tránsito y destino, y al manejo mediático que considera a las poblaciones migrantes como una amenaza y un problema para los países de destino; se han convertido en un grupo que enfrenta situaciones de vulnerabilidad y riesgo. Además, se han instituido imaginarios sociales racistas, excluyentes y estigmatizados que no reconocen sus múltiples aportes y estimulan los tratos inhumanos y degradantes que, con el paso del tiempo y a fuerza de repetirse, tienden a verse como normales.

En el actual contexto de la pandemia provocada por el COVID-19, los migrantes experimentan mayores dificultades debido a la pérdida del empleo por la imposibilidad de salir a realizar jornales cotidianos, a la ausencia de programas de protección social y laboral, al distanciamiento de sus familias y a la soledad con la que enfrentan la pandemia en distintas ciudades de Estados Unidos de América.  Además, las autoridades de los países de tránsito y destino continúan con su política de persecución y detención a tal punto que en la actualidad más de 30 mil migrantes están en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos de América  (ICE, por sus siglas en inglés), y más de 20 mil transmigrantes se encuentran detenidos en estaciones migratorias en México. Esto contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de evitar aglomeraciones y de adoptar medidas de distanciamiento social de al menos 1 metro entre una persona y otra. Lo contrario se constituye en una potencial amenaza a su derecho humano a la salud.

 El gobierno de Guatemala, en sus esfuerzos de contención y prevención de la propagación del COVID-19, ha tomado decisiones importantes. Sin embargo, se deben fortalecer aspectos básicos para la debida atención de los numerosos grupos de personas que retornan deportados. Considerando el escenario reciente, que combina la deportación de los connacionales detenidos en los centros de Estados Unidos de América y México, así como el retorno voluntario de miles de guatemaltecos que les resulta inviable quedarse en Estados Unidos de América; se prevé una migración inversa, que demanda de estrategias y políticas que retomen el papel fundamental del Estado y la redefinición de un plan de nación con reformas profundas ante las fallas estructurales que han estimulado la dispersión guatemalteca.

 Ante la situación de tensión y violencia provocada por la estigmatización de las poblaciones retornadas, la falta de información,  la circulación de mensajes falsos o distorsionados en  las redes sociales que incitan a la violencia física y simbólica no solo contra los  retornados, sino contra todas las personas que han sido víctimas del contagio.

 Ante los desafíos reales que surgen del actual contexto migratorio, que supone un retorno de miles de compatriotas,

PLANTEAN:

Al Estado

1. Buscar soluciones integrales para la debida atención, solicitud de asilo y/o recepción de los miles de guatemaltecos que están detenidos en Estados Unidos de América y México, que estarán retornando al país de manera forzada o voluntaria.

1. Definir los protocolos de atención y reintegración de los compatriotas retornados que incluyan desde un diagnóstico social y sanitario adecuado hasta condiciones de atención en albergues con condiciones dignas, higiénicas, seguras y ordenadas.

1. Constituir una mesa interinstitucional para el manejo de la crisis migratoria frente al COVID-19, integrada por instituciones del Ejecutivo, organizaciones de migrantes, autoridades indígenas, organismos internacionales y las universidades; preferiblemente, con la participación de representantes de países involucrados en la emergencia.

1. Exigir la intervención de las instituciones vinculadas al tema migratorio, particularmente, reclamar un posicionamiento y ejecución de recursos de la CONAMIGUA para atender de manera integral las necesidades de las personas migrantes.

1. Generar urgentemente campañas masivas dirigidas a combatir las posturas estigmatizadas acerca de las personas infectadas con COVID-19, en todos los idiomas de Guatemala, utilizando formatos audiovisuales, escritos y orales,  trasmitidas por medios radiales para que lleguen a todas las comunidades del país.

1. Solicitar al Ministerio de Salud y Asistencia Social información audiovisual y pedagógicamente mediada en todos los idiomas de Guatemala con respecto a las tasas de mortalidad y letalidad relacionadas al COVID-19; así como de las formas de contagio y las medidas de prevención.

1. Establecer políticas agroecológicas y territoriales para fortalecer la agricultura campesina, garantías sobre la propiedad de tierras comunales, rescate de conocimientos ancestrales, promoción de sistemas agroecológicos, mercados campesinos locales y medidas sanitarias de prevención en las unidades de producción agropecuarias.

A las autoridades departamentales, municipales y locales

1. Definir una política municipal para enfrentar y atender las necesidades de las poblaciones migrantes retornadas, desde la disposición de albergues temporales hasta la concientización hacia las comunidades, acerca de la baja probabilidad de contagios masivos y los derechos que tienen los retornados; así como la valoración del aporte de los migrantes al bienestar de sus comunidades.

1. Abrir espacios de diálogo en idiomas mayas, a través de medios participativos, sobre la salud y la enfermedad en las comunidades, incluyendo a los líderes indígenas en los grupos de respuesta al COVID-19.

1. Exhortar a las autoridades departamentales y municipales un trato humano hacia los retornados, quienes no deben ser tratados como extraños, sino como ciudadanos con plenos derechos sociales, políticos, económicos y de salud.

1. Exhortar, con carácter de emergencia, a los líderes locales, para que abran espacios de intercambio y cooperación entre comunidades, en vez de establecer fronteras o límites entre comunidades y municipios, como algunos lo están haciendo. Para enfrentar la enfermedad y otros problemas sociales, es importante la cooperación entre comunidades y no su incomunicación.

1. Exigir que no sean toleradas las acciones violentas contra los retornados por parte de grupos inconformes o temerosos.

“Id y enseñad a todos”