En un acto de respaldo institucional, los vicerrectores de la Universidad de Panamá, acompañados por abogados de la Defensoría de los Universitarios, la Asociación de Profesores (Apudep) y dirigentes estudiantiles, se presentaron este martes en la sede de la Procuraduría de la Nación junto a cinco estudiantes requeridos por su presunta participación en las protestas del pasado 31 de enero.
Los jóvenes, quienes se presentaron voluntariamente, estuvieron respaldados por el doctor José Emilio Moreno, vicerrector Académico; el magíster Arnold Muñoz, vicerrector Administrativo; y el magíster Mayanín Rodríguez, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, quienes garantizaron la integridad y seguridad de los universitarios.
Los estudiantes, antes de ingresar a las instalaciones del Ministerio Público, afirmaron: “Hemos venido a enfrentar a la justicia para que no se diga que los estudiantes somos unos delincuentes y nos estamos escondiendo detrás de la universidad. Muy por el contrario, como estudiantes tenemos el rol de ser conciencia crítica de la nación y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad”. Este gesto refleja la postura de la comunidad universitaria, que defiende el derecho a la protesta pacífica y rechaza la criminalización de la movilización social.
El abogado defensor de los estudiantes, Arturo Trelles, explicó que los jóvenes se pusieron a disposición de las autoridades y serán trasladados a la Policía Nacional en espera de una audiencia de garantías. Trelles hizo un llamado al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, para que respete la separación de funciones, recordando que la institución policial es un brazo auxiliar en las investigaciones y no tiene facultades para judicializar.
“Cada vez que hay una protesta en este país, el director de la Policía dice que va a judicializar, pero la entidad no judicializa a nadie”, señaló el abogado, al tiempo que criticó la falta de oportunidades para que los estudiantes presenten sus pruebas en el proceso.
El caso se enmarca en un contexto de tensiones tras las protestas del 31 de enero, donde dos posibles involucrados enfrentan medidas cautelares impuestas por el juez de garantías del Primer Circuito Judicial, Fermín Bonilla. Los cargos incluyen delitos contra la vida y la integridad personal, específicamente lesiones personales, y contra la administración pública por obstaculizar la labor policial. Sin embargo, la defensa argumenta que las pruebas presentadas hasta ahora provienen únicamente de la Policía, sin que el Ministerio Público haya permitido a los estudiantes ejercer su derecho a la defensa.
Este episodio ha reavivado el debate sobre el derecho a la protesta y el papel de las fuerzas del orden en contextos de movilización social. La Universidad de Panamá, en un claro mensaje de unidad y defensa de sus estudiantes, ha reiterado su compromiso con la justicia y la transparencia, al tiempo que exige que se respeten los derechos constitucionales de los jóvenes. La comunidad universitaria y organizaciones de derechos humanos continúan vigilantes, esperando que el proceso se desarrolle con imparcialidad y sin estigmatización hacia los manifestantes.
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