El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (APUDEP), José Álvaro, denunció la “tergiversación de un conjunto de videos hechos por la Policía Nacional, que intentan desvirtuar lo acontecido”. A su juicio, si el comisionado no agrede a los estudiantes, no hubiese ocurrido nada. Los videos son claros, la agredida principal fue la estudiante de 21 años.
Sostiene que “lo que necesita el país, en estos momentos, no es la división de los panameños, sino unificar criterios”. Tras lamentar lo ocurrido, responsabilizó al jefe de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien estuvo presente el día de los hechos en los predios de la UP, donde lejos de mediar mostró “un tono arrogante” ese día, ante las autoridades universitarias.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional (SITEN), Arturo Ovalle, cuestionó la forma en que se han referido a la universidad al utilizar el término “delincuentes”, siendo ellos mismos (los policías), quienes reciben formación académica en la UP y la forma en que actuaron contra los estudiantes”. Por eso, la Defensoría de los Universitarios presentó la denuncia, ante la Procuraduría General de la Nacional, para que se investigue lo actuado por el director de la Policía Nacional.
Por ahora nos mantendremos en “alerta”, sobre lo que puede pasar en lo sucesivo, porque nosotros como gremios vamos a seguir en las protestas que sean necesarias, para eso somos la conciencia crítica de la nación, de estar en las calles y defender no solamente la institucionalidad, sino también la soberanía nacional, que hoy está en serio peligro.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá, Miguel Quintero, denunció que hay una realidad que no se puede negar de los eventos del viernes 31 de enero y es que “el policía golpeó a una estudiante”.
Además, se ha construido una narrativa en contra de los estudiantes universitarios que salimos a protestar y alzar la voz sobre lo que no está bien en nuestro país, en este sentido, piensa que “la protesta no puede ser criminalizada” ni a sus compañeros se les puede judicializar por el hecho de no estar de acuerdo con las situaciones que pasan en nuestro país.
Alzamos nuestra voz, ante la persecución de parte del Estado panameño contra nosotros por manifestarnos y rechazamos categóricamente el asedio y acoso que ha tenido la Policía Nacional con el Campus Central, Octavio Méndez Pereira. El día 31 de enero, fuimos víctimas: estudiantes, profesores y administrativos, porque estábamos secuestrados en el campus central, ya que no podíamos salir de las instalaciones universitarias y el director de la policía nos llamó a los estudiantes “delincuentes”.
El dirigente estudiantil, Jehys Vidal, explicó que dada la situación del pasado 31 de enero, se desencadenó una “persecución política” a quienes han salido a defender al país de aquellas conductas injerencistas. Inició el lunes, con una “serie de allanamientos a siete personas que se les está tratando como criminales”. En la denominada operación “ratas” como si fuéramos una categoría dentro del crimen organizado.
Más de 100 unidades para cubrir los distintos allanamientos, lo que a todas luces representa un exceso de fuerza policial, aquellas medidas que en teoría son para criminalizar o buscar criminalizar a personas que han cometido delitos; cuando «el único delito que han cometido, tanto universitarios como movimientos sociales, ha sido defender nuestra patria».
Detalla que, en la casa de Joyner Sánchez, se realizó un allanamiento violentando todos los procedimientos, desde la no identificación de ninguna persona, ni fiscalía, ni agentes de la policía. Entran a la casa, hacen un cateo y sugestionan a la madre de familia, a tal punto, que le hacen firmar un acuerdo de buen trato. Eso hay que denunciarlo, porque es una falta al proceso que involucra este tipo de judicialización.
En la casa de la compañera María Laura Donadío, entran de una forma muy violenta, no leen el papel en donde se justifique la acción. La madre de familia estaba en el baño y los policías la hicieron bañarse frente a ellos, violentando su derecho a la privacidad e intimidad.
Eso nos parece una de las conductas más “aberrantes” que puede presentar en estos momentos el Ministerio Público y la Policía Nacional. En la residencia del compañero Omar Concepción, entraron de una forma violenta, rompieron el portón, mientras la mamá aún leía la documentación para el ingreso a la residencia. Ahí estuvo el director de la PN, Jaime Fernández. Inclusive han ido a sus puestos de trabajo.
Utilizaron procesos dilatorios para que la compañera, Hillary Acevedo, no pudiera recibir a tiempo una evaluación por medicatura forense, sabiendo que naturalmente el cuerpo humano tiene un proceso de regeneración.
El abogado de los estudiantes, Arturo Trelles, explicó que en la audiencia “el juez de garantías decretó ilegal la aprehensión de la joven, Tamara Ortiz”. Se demostró en la sala de audiencia que no justificaron los golpes en la anatomía de la estudiante, recibidos en el allanamiento. Ambos tienen una medida de reportes periódicos en el Ministerio Público.
Cuenta que los allanamientos iniciaron el lunes, pero los empadronamientos y el seguimiento a los siete estudiantes, iniciaron desde el viernes en hora de la noche en sus residencias. Hacemos un llamado al nuevo procurador, Luis Gómez, no podemos estar permitiendo que la Policía Nacional intervenga, de esta manera, en las investigaciones del Ministerio Público; hay que respetar la independencia de esta institución.
Sostiene que “con nuestras pruebas y con nuestros testigos”, quedará demostrado quién es el verdadero culpable de los hechos acaecidos el 31 de enero en los predios de la Universidad de Panamá. La próxima audiencia será el 12 de febrero
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