El rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, participó en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional durante el primer debate del Proyecto de Ley 163. Este proyecto busca modificar, adicionar y derogar artículos de la Ley 51 de 2005, que regula la Caja de Seguro Social (CSS).

En su intervención, el Dr. Flores presentó una serie de propuestas fundamentadas en estudios realizados por una comisión de economistas y actuarios de la Universidad de Panamá, cuyo análisis busca soluciones sostenibles para la CSS sin necesidad de alterar la edad de jubilación de los asegurados. Estas propuestas están basadas en cuatro principios fundamentales:

La seguridad social es un derecho humano.

Preservar el carácter público de la CSS.

Evitar el uso de medidas paramétricas.

Rechazar el sistema de cuentas individuales.

Diagnóstico de la problemática

El rector destacó la reducción en la relación cotizante-pensionado de la CSS, que pasó de 5.6% en 2007 a un estimado de 1.5% en la actualidad. Según datos de la Junta Técnica de la CSS, se requieren $14,000 millones en los próximos 10 años para garantizar el funcionamiento del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Propuestas de solución

Para enfrentar esta crisis, el Dr. Flores propuso cuatro medidas principales:

Reducir la evasión y elusión fiscal.

Según la Dirección General de Ingresos (DGI), la evasión y elusión tributaria alcanzaron $7,832 millones en 2022, equivalente al 10.2% del PIB. Una reducción dinámica de 1.5% podría generar $18,101 millones en 10 años y $53,709 millones en 20 años.

Combatir la evasión de cuotas laborales.

El 25% de los asalariados de empresas privadas no están registrados en la CSS. Incorporar a estos trabajadores podría aportar $2,162 millones en 10 años y $5,921 millones en 20 años.

Aumentar la rentabilidad de los fondos de la CSS.

Mejorar la rentabilidad actual de 4% a un mínimo de 6% generaría ingresos adicionales de $1,578 millones en 10 años y $2,870 millones en 20 años.

Formalizar el trabajo informal.

Lograr que el 10% de los trabajadores informales coticen en la CSS aportaría $968 millones en 10 años y $5,278 millones en 20 años.

Proyecciones

El rector resaltó que estas cuatro medidas podrían generar $22,667 millones en 10 años y $67,778 millones en 20 años, superando los $14,000 millones necesarios para salvar el programa IVM, todo sin aumentar la edad de jubilación.

Otras fuentes de ingresos

Además, mencionó alternativas adicionales, como:

Cambiar la legislación para destinar el 10% de los ingresos por fibra óptica al programa IVM.

Incorporar a conductores de plataformas como Uber y empresas de delivery al sistema de cotización.

Obligar a empresas multinacionales a incluir a sus altos funcionarios en la CSS.

Dirigir un 10% de los ingresos de empresas privatizadas al programa IVM.

En su cierre, el rector subrayó que todas estas propuestas están detalladas en el documento entregado a los diputados, que incluye cálculos actuariales específicos.

También invitó a los presentes a continuar el análisis con la intervención del profesor Juan Jované.

«Muchas gracias a todos por su atención», concluyó el Dr. Flores Castro.