No cabe duda que por más de dos años en nuestro país y a nivel mundial la Educación se ha visto interrumpida y muy afectada a consecuencias de la pandemia causada por el COVID-19. Sin embargo, esto ha llevado a replantearse nuevas dinámicas y formatos académicos o conceptuales desarrollados a través de los entornos y plataformas virtuales. Entendiendo que la educación para nuestros niños, adolescentes y demás ciudadanos es un derecho humano fundamental. Y este derecho está consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, condensado en los siguientes tres puntos describe y mandata lo siguiente

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Esta declaración además de exigir la educación primaria gratuita y obligatoria, es respaldada por la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989, la cual mandata que los países deberán hacer y garantizar que la educación superior sea accesible para todos y todas. Y la Constitución Panameña en su artículo 87, recoge ese mandato entendiendo que el país, todos sus ciudadanos tienen derecho a la educación y la responsabilidad de educarse. Por ende, el Estado organiza y dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. Entendiendo que la educación es democrática y se fundamenta en principios de solidaridad humana y justicia social.

En lo que respecta al “Día Internacional de la Educación”, a diferencia de muchas otras efemérides esta iniciativa nació el 3 de diciembre de 2018 (pocos meses antes de la pandemia COVID-19), cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en pleno, aprobó y proclamó como fecha el 24 de enero como el Día Internacional, para celebrar, destacar y reconocer mundialmente el papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo de los pueblos.

La ONU con esta proclamación, reafirma y reivindica la educación como un derecho humano, amparado en la Declaración Universal, ya que es un bien público y una responsabilidad colectiva para los ciudadanos. Ya que sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos.

Esta efeméride, nos sirve para recordar y reflexionar sobre las carencias educativas existentes a nivel mundial que apremian atender con urgencia, ya que según datos y cifras de la UNESCO, unos 262 millones de niños y niñas siguen sin estar escolarizados y 617 millones no saben leer ni aplicar cálculos básicos matemáticos, unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela. Y la UNICEF con base en sus últimas estimaciones plantea que alrededor de 86 millones de niños, niñas y adolescentes siguen fuera de las aulas a nivel de América Latina y el Caribe debido a la pandemia de la COVID-19.

Según la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jean Gough. «Durante los últimos 18 meses, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe no han visto a sus profesores o amigos fuera de una pantalla. Los que no tienen internet, directamente no los han visto”.

Latinoamérica «ha tenido más tiempo de cierre ininterrumpido de escuelas que cualquier otra región del mundo» durante la pandemia. Se perdió una media de 153 días de clase presencial desde el inicio de la crisis sanitaria, causando la mayor interrupción del aprendizaje en la historia moderna de la región, afirmó el ente de la ONU. Y en cuanto a este diagnóstico crítico Panamá no ha sido la excepción, ya que se ha visto igualmente afectado en todos sus niveles educativos.

Frente a este nuevo escenario, hay que hacer eco de las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres; “Ha llegado el momento de reactivar nuestro compromiso colectivo con la educación”. Y para ello se hace necesario “Cambiar el rumbo, transformar la educación”.

De acuerdo a António Guterres, tal y como se detalla en el reciente informe global de la UNESCO sobre ‘Los futuros de la educación’, transformar el futuro requiere re-equilibrar de manera urgente la forma en la que nos relacionamos entre nosotros, con la naturaleza y con la tecnología que impregna nuestras vidas, que nos trae oportunidades innovadoras y, al mismo tiempo, plantea graves problemas de equidad, inclusión y participación democrática.

António Guterres, refiriéndose a la efeméride conmemorativa al Día Internacional de la Educación planteó que esta fecha “debe verse como una plataforma para mostrar las transformaciones más importantes que hay que llevar a cabo para hacer realidad el derecho fundamental de todos a la educación y construir un futuro más sostenible, inclusivo y pacífico”.

El momento mundial y frente a lo planteado por Guterres, a nuestro entender se hace necesario abrir un debate con todos los sectores y actores involucrados para consensuar en el fortalecimiento la educación como bien público y común sin trabas ni obstáculos financieros o presupuestarios, debatir sobre cómo fortalecer y dirigir la transformación digital, sobre el cómo apoyar a los estudiantes, a los docentes y por ende al personal administrativo como recurso humano garante y ejecutor; en la dirección de que cada persona pueda contribuir al bienestar colectivo y a los intereses de cada país. Eso es una necesidad realmente urgente e impostergable.