La Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, PhD. Evelyn Farfán, ve con preocupación la “grave crisis de institucionalidad del país” por la pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa y también con la Sala de lo Constitucional, situación que podría derivar en dificultades para obtener financiamiento en la crisis económica del escenario pospandémico, señaló.

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales publicó un análisis académico sobre el Decreto Legislativo 645 aprobado por los diputados y el proyecto de Ley de la Presidencia, que actualmente está negociando en el parlamento.

Farfán explicó que este es el último de varios esfuerzos de la Facultad y sus docentes expertos para brindar recomendaciones y analizar las consecuencias de las decisiones jurídicas que toma el Estado en sus tres poderes.

La semana pasada, la Ley de Emergencia Nacional y la Ley de Aislamiento perdieron vigencia y la Asamblea no quiso ampliarlas, lo que permeó en la creación por parte del Presidente del Decreto Ejecutivo 18, donde declaró al país en estado de Emergencia Nacional, que solamente puede ser establecido por el órgano legislativo.

La Sala de lo Constitucional suspendió el decreto y justificó que esta labor no le correspondía al Ejecutivo, a pesar de esto, el Gobierno instauró el Decreto Ejecutivo 19, que nuevamente fue suspendido por el máximo organismo jurídico del país y se instauró el Decreto Legislativo 593.

Farfán explicó que este revés político jurídico ya tiene observaciones en organizaciones internacionales y entidades mundiales de Derechos Humanos, mismos señalamientos podría hacer difícil que Bancos Internacionales aprueben futuros financiamientos o con una tasa alta de interés al país, en un muy posible contexto de crisis económica pospandemia.

“Y es lógico, hay mucha desconfianza en las instituciones del país ya que no hay reglas claras respecto a la reapertura de la economía”, explicó Farfán.

La decana pidió a los órganos Ejecutivo y Legislativo trabajar y llegar a consensos pronto para fortalecer el sistema institucional de El Salvador.