La Universidad de El Salvador (UES) enfrenta año tras año un reto persistente: la lucha por un presupuesto adecuado que garantice su correcto funcionamiento y el cumplimiento de su misión educativa. A pesar de las solicitudes de financiamiento ajustadas a sus necesidades, la asignación presupuestaria desde el Estado sigue siendo insuficiente y, en muchos casos, retrasada, generando dificultades en la operatividad de la institución.
Para comprender mejor la situación financiera de la UES y las estrategias que se están implementando para enfrentar estos desafíos, el vicerrector administrativo de la universidad, Mtro. Roger Arias destacó algunos aspectos.
Un presupuesto insuficiente y retrasos preocupantes
Cada año, la UES presenta un presupuesto basado en las necesidades de sus facultades, unidades académicas y administrativas. Sin embargo, según Arias, «ese presupuesto que se presenta ante el Ministerio de Hacienda nunca ha encontrado eco en las autoridades de gobierno». En su lugar, se asigna un techo presupuestario que, en los últimos años, ha sido el mismo, sin ajustes significativos que respondan al crecimiento institucional y a las nuevas demandas académicas.
Para el año 2025, la Asamblea Legislativa ha aprobado un presupuesto de 114.2 millones de dólares, una cifra similar a la del año anterior. Sin embargo, la entrega de estos fondos presenta retrasos significativos. «Desde 2021 hemos tenido un retraso en las transferencias financieras. Solo en enero de 2025 debimos haber recibido 11 millones de dólares, pero únicamente se nos asignaron 7 millones», explicó el vicerrector.
Esta falta de fondos afecta directamente a los proveedores de bienes y servicios e impacta el funcionamiento de la universidad.
Ante esta situación, las autoridades universitarias han tenido que adoptar medidas drásticas de ahorro. «El año pasado, conscientes de que el dinero no llegaría a tiempo, se eliminaron los planes de compra y se restringen algunos derechos laborales, como las remuneraciones adicionales por trabajo extra», señaló Arias.
Estas decisiones, aunque necesarias para garantizar la estabilidad financiera, han afectado tanto a los trabajadores como a la comunidad estudiantil. «Cada día la universidad requiere más recursos porque cada año aumenta el número de estudiantes que ingresan. Sin embargo, seguimos recibiendo el presupuesto más bajo en comparación con las universidades públicas de la región centroamericana», recalcó el vicerrector.
La diferencia en inversión es evidente. Mientras que en Costa Rica el gobierno destina alrededor del 7% del presupuesto nacional a la educación superior pública, en El Salvador apenas se asigna el 1.2%. Esta situación limita el acceso de miles de jóvenes a la educación universitaria y pone en riesgo la calidad de la formación académica.
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