La posibilidad de que en el país se apruebe la propuesta de Ley de Educación Superior que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa atentaría contra el acceso a la educación superior en el país, incluso podría generar el cierre de la única universidad pública y de otras universidades privadas.

Esto como resultado de una serie de disposiciones que no son factibles por la realidad del país, que van en detrimento de la autonomía universitaria y de garantizar un presupuesto para el adecuado desarrollo de la universidad en sus funciones de docencia, investigación y proyección social.

Algunas de esas disposiciones que están incluidas en el proyecto de ley y que además están en contra de lo establecido en la Constitución de la República fueron expuestas por la vicerrectora académica de la UES y experta en materia jurídica, Dra. Evelyn Farfán, durante una entrevista para El Universitario.

Uno de estos aspectos es el presupuesto anual de la UES, que dependería de la disponibilidad de recursos que tenga el gobierno, lo cual contradice el artículo 61 de la Constitución de la República, en el que se establece literalmente que “Se consignarán anualmente en el Presupuesto del Estado las partidas destinadas al sostenimiento de las universidades estatales y las necesarias para asegurar y acrecentar su patrimonio”.

“Cualquier medida que vaya en detrimento del presupuesto aprobado para la institución, devendría en una violación de dicha disposición”, dijo la funcionaria.

Otro aspecto que afectaría a la UES es que se tenga que rendir cuentas al Ministerio de Educación sobre la ejecución presupuestaria de la universidad. Actualmente, esta institución recibe contraloría por parte de la Corte de Cuentas de la República. “Por ser una institución autónoma no estamos sujetos al control del Ministerio de Educación”, enfatizó la abogada.

Dra. Evelyn Farfán, Vicerrectora Académica de la Universidad de El Salvador

También la autonomía universitaria se vería afectada, ya que en el proyecto de ley todos los planes y programas de estudio, tanto de la universidad pública como de las privadas, tendrían que ser aprobados por el Ministerio de Educación, lo cual constituiría una violación a la autonomía universitaria ya que actualmente es en la misma universidad que se aprueban “nuestros propios planes de estudio a través de los mecanismos que ya tiene establecida nuestra Ley Orgánica”, explicó la Vicerrectora.

En el anteproyecto de ley hay aspectos que para la funcionaria son positivos, pero no factibles de forma inmediata; entre estos destacó que el personal docente cuente con un título de posgrado para impartir clases, lo cual mejoraría significativamente el nivel de enseñanza, sin embargo, de aplicarse esta disposición, las universidades públicas y privadas no tendrían la cantidad necesaria de docentes para cubrir la demanda, debido a que la formación en posgrados “ha estado limitada”, y las personas que tienen un título de maestría o doctorado es financiado por cuenta propia o por becas.

Otro aspecto preocupante señalado por la vicerrectora es que habría una disminución de docentes a tiempo completo, ya que la actual Ley establece que debe  haber como mínimo un 25% de personal docente a tiempo completo, mientras que la propuesta exigiría solamente un 15% de docentes a tiempo completo.

Esta situación es incongruente porque en la misma propuesta de Ley se exigiría mayor inversión en investigación y vinculación social, sin embargo, no garantiza que haya el personal docente suficiente para desarrollarlos. “Esto es contradictorio porque el personal que puede dedicarse a fomentar la investigación, a establecer los diferentes programas de vinculación social son los profesores a tiempo completo”, afirmó la académica que cuenta con un Doctorado en Derecho Público y Pluralista.

Advirtió que la universidad pública y las privadas, al no tener el presupuesto y no poder cumplir con los requerimientos que establece la propuesta de ley, estarían en riesgo de ser cerradas, lo cual sería perjudicial para el acceso a la educación superior, sobre todo para “los sectores más vulnerables de nuestro país cuya única opción de estudiar una carrera universitaria es la Universidad de El Salvador por ser la única universidad pública del país”.