Nada caracteriza mejor el estilo populista del Presidente Nayib Bukele como el llamado filibusterismo, consistente en recurrir a tácticas dilatorias y a cualquier forma de obstruccionismo legaloide o de interpretación interesada de los reglamentos y usos parlamentarios para favorecer su estrategia de desgaste y destrucción contra el poder Legislativo y Judicial. El 9 de febrero de 2020 pasará a la historia nacional de la infamia como el día cuando el Presidente Bukele en complicidad con el Ejército, asaltó la Asamblea Legislativa e intentó dar un autogolpe de Estado.
Ubicado el gobierno de Bukele como el proyecto piloto de los Estados Unidos (EUA) para el Triángulo Norte, la entrega que ha hecho de la soberanía nacional a dicho país lo inscribe como un descendiente directo de los filibusteros de William Walker, que en el siglo XIX intentaron anexionar Centroamérica a EUA.
A cambio de migajas y prebendas políticas, Bukele ha hecho de El Salvador, “un tercer país seguro”, receptor de solicitantes de asilo en Estados Unidos y pretende detener la inmigración de salvadoreños hacia EUA, al mismo tiempo que recibe semanalmente dos vuelos repletos de deportados salvadoreños del país del Norte, muchos de ellos infectados de coronavirus 19.
Apoyado por la trinidad, Embajada de EUA, Ejército y parte de oligarquía nacional que él representa, sus muestras de abuso de poder, megalomanía política y maneras dictatoriales, se han puesto de manifiesto al tratar de convertir tanto la emergencia nacional del Covid 19 como la de las lluvias e inundaciones, en una violación sistemática de los derechos constitucionales en los centros de contención.
La restricción de libertad de movimiento, el veto a las leyes promulgadas por la Asamblea Legislativa y el desacato a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Todo ello constituye una flagrante violación al orden constitucional y democrático de la República y tiene bases legales para retirarle el fuero presidencial e iniciar un proceso de destitución.
El último capítulo de esta lamentable historia lo constituye el protagonismo político que ha tomado en los últimos meses el Ejército, en confabulación con el Presidente Bukele, transformando al país en una zona militarizada y bajo control territorial a cargo de soldados y policías.
Da la impresión de que estamos retornando a los tristemente célebres tiempos de las dictaduras militares y sus paramilitares de ORDEN. El pueblo salvadoreño pagó una altísima cuota de sangre y sacrificio para superar esos oscuros capítulos e instaurar una joven democracia. El rol asignado al Ejército es de recalcar ahora, cuando el Presidente está nombrando como gobernadores departamentales a jefes militares. Tal es el caso del recién nombrado Gobernador Departamental de La Libertad, el Mayor Rolando Alcides Escobar Ascencio, y otros más.
Como Universidad de El Salvador condenamos estos intentos de retroceder al pasado. Abogamos por un irrestricto respeto a la independencia de los tres poderes del Estado y a la democracia actualmente en peligro debido a las manipulaciones seudolegales de un aprendiz de dictador.
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