Desde el pasado 08 de junio la Audiencia Nacional de España celebra el juicio contra el único reo presente, ex Viceministro de Seguridad Coronel Inocente Montano, en ausencia de otros trece militares acusados de ser los autores materiales e intelectuales del asesinato de los padres jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes Mozo, Ignacio Martín-Baró, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo y de los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad Católica (UCA) Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos, ocurridos en el campus de la UCA el 16 de noviembre de 1989 durante la ofensiva militar del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que había sitiado la ciudad capital.

Se trató de una desesperada y cobarde respuesta del ejército salvadoreño. Según el reporte de la Comisión de Verdad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la  noche del 15 y la madrugada del 16 de noviembre de 1989, el Coronel Emilio Ponce, conjuntamente con el General Juan Rafael Bustillo, Coronel Juan Orlando Zepeda, Coronel Inocente Orlando Montano y Coronel Francisco Elena Fuentes, ordenó al Coronel Guillermo Alfredo Benavides el asesinato de los jesuitas, recayendo la ejecución de la masacre en el teniente Yusshy Mendoza y la unidad del Batallón Atlácatl que comandaba.

En esa reunión en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto estuvo presente el ex Presidente Alfredo Cristiani en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. La ubicación de Cristiani, a menos de un kilómetro del lugar del asesinato antes, durante y después del crimen, está registrada en uno de los documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos (EUA) presentados ante la Audiencia Nacional de España.

Este grupo de militares asesinos, conocidos como La Tandona de 46 oficiales graduados en 1966, fue el principal responsable de los crímenes y represión militar que la dictadura oligárquica y el gobierno de los EUA usaron como títeres durante las décadas fatídicas de los años sesenta hasta el final de la guerra civil en 1992. En su tenebroso haber cuentan con las represiones a las dos grandes huelgas magisteriales de 1969 y 1971, a las intervenciones militares de la Universidad de El Salvador (UES) en 1972, 1980, 1986, 1989, a la masacre de estudiantes universitarios el 30 de julio de 1975 y a las acciones genocidas del Ejército durante la guerra civil en La Cayetana, Tres Calles o las masacres de población civil en el Sumpul y el Mozote.

Nuestra Alma mater fue objeto de las acciones criminales de las dictaduras de las cuales formaron parte estos militares ahora juzgados en España, entre ellas la intervención perpetrada el 26 de junio de 1980 que envió al exilio a nuestra Institución bajo el lema “LA UNIVERSIDAD SE NIEGA A MORIR”. La UES fue víctima de grandes violaciones a los derechos humanos al igual que la masacre de los jesuitas y por ello exigimos reparación y esclarecimiento de los crímenes cometidos por las dictaduras militares contra los hijos de la Universidad y contra la misma UES, la cual sigue siendo víctima a través del exiguo presupuesto que se le otorga.

Como Universidad de El Salvador, cuyas instalaciones físicas fueron escenario durante esos mismos días de una intervención criminal por parte del Ejército asesino de los padres jesuitas, nos unimos al clamor universal de exigir justicia para tan abominables crímenes y nos solidarizamos con los justos reclamos de la Universidad Católica Centroamericana.

Justo en estos momentos cuando el actual Gobierno del Presidente Nayib Bukele está potenciando al Ejército como una fuerza de ocupación del territorio salvadoreño, se hace necesario recordar el pasado para no repetir sus amargas lecciones.

Los Acuerdos de Paz de 1992, que Bukele quiere borrar de la historia, son claros al respecto al ordenar el retorno de los militares a los cuarteles y en adjudicar la administración de la Seguridad Pública a la Policía Nacional Civil (PNC), acompañada como garante para evitar excesos autoritarios, según dichos Acuerdos, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

No estaría demás que el Presidente Nayib Bukele se informase de esta historia y su actual desarrollo en la Audiencia Nacional de España.