Con profunda preocupación hemos sido testigos de la deriva anticonstitucionalista del Ejecutivo, que tuvo su punto culminante el pasado 9 de febrero con el intento de darse un  autogolpe de Estado ocupando militarmente la Asamblea Legislativa.

Igual de preocupante es el desacato que el Presidente Nayib Bukele ha cometido, al ignorar tanto las leyes promulgadas por la Asamblea Legislativa como las resoluciones de la Honorable Sala de lo Constitucional, que le ha anulado una serie de decretos presidenciales y ministeriales con los cuales el Presidente ha pretendido normar el desarrollo de la cuarentena.

Tras la manipulación mediática de esta “guerra de Decretos”, asoma la intención, entre otros, de evadir la rendición de cuentas y la transparencia. Tener manos libres para usar los fondos disponibles en virtud del Estado de Emergencia por la pandemia y las tormentas Amanda y Cristóbal, que permite realizar adquisiciones sin pasar por el control de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

A la posible violación de la Ley de Ética cometida por el ex Presidente del Fondo Ambiental (FONAES), Jorge Aguilar, cuya empresa presuntamente vendió con un sobrecosto del 121 % (US$ 2.50) respecto al valor comercial (US$ 1.13), 100,000 máscaras de plástico por un monto de US$ 250,000.oo, compra avalada por el Ministro de Salud, Francisco José Alabí Montoya, se suma otra posible violación a la Ley de Ética por la venta de 300,000 protectores faciales de plástico al Gobierno por un monto de  US$ 750,000.oo, de igual manera a US$ 2.50 por unidad con precio en el mercado de US$ 1.13, de parte de la empresa SYGM Asesores S.A. de C.V., cuyo socio fundador y directivo es el Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobos, transacción en la cual presuntamente participaron dos de sus empleados, Rogelio Cabrera y Jorge Alberto Vásquez, y que constituye una presunta violación al artículo 5 literal c y el artículo 6 literal g de la Ley de Ética Gubernamental.

Asimismo, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) adjudicó casi 4.2 millones de dólares en un solo día en 16 contratos directos, otorgados el pasado 23 de marzo para la perforación y equipamiento de pozos en el área metropolitana y para arrendamientos de camiones cisternas (pipas), todo ello obviando la Ley LACAP, y sin tener ninguna contraloría.

A estos señalamientos se suma el caso de la Comisionada Presidencial Carolina Recinos con cuatro hermanos en el gobierno y cuyo esposo es Embajador en Rusia desde 2018, y uno de los pocos diplomáticos que no fue removido por el nuevo gobierno. Asimismo, el señalamiento al diputado ex – arenero Gustavo Escalante a cuya empresa familiar el gobierno le compró US$ 344,000.oo en mascarillas contra la pandemia Covid-19.

Los posibles actos de corrupción mencionados riñen con la ética, con la transparencia, tanto de la gestión gubernamental como por la rendición de cuentas a la sociedad salvadoreña. Al respecto, consideramos que la destitución de los funcionarios sospechosos de violar la ley no remedia el problema.

Es de urgente necesidad la creación de un ente encargado de prevenir estas situaciones, un Visor de Contraloría que sea garante del buen uso de los fondos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa con motivo de la Emergencia Nacional de la pandemia y las tormentas tropicales que han azotado nuestro país.  Y ello por el bien tanto del Gobierno como del sentir de la Sociedad Civil.

Por eso saludamos la reciente creación por parte de la Asamblea Legislativa de un Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación Económica, integrado por un representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Universidad de El Salvador (UES), Universidad Francisco Gavidia (UFG) y Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES).

A un año del gobierno del Presidente Bukele, las prácticas de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y peculado, que durante su campaña electoral se atribuían a “los mismos de siempre”, se están repitiendo de manera alarmante en el nuevo gobierno. Al respecto, lo menos que esperaríamos es una posición más contundente del ciudadano Presidente.

Como Universidad de El Salvador propugnamos por un retorno pronto e inminente a los cauces democráticos y de respeto a la autonomía de los tres poderes del Estado, a la transparencia y rendición de cuentas así como a la concordia, el trato justo, civilizado y el consenso de todas las fuerzas democráticas, la Sociedad Civil, y el espectro político de El Salvador.

Solo así saldremos adelante.

“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR