Para iniciar, nos gustaría que nos comparta sus valoraciones sobre el impacto en la economía salvadoreña, en el contexto actual

La pandemia de enfermedad por COVID-19 ha puesto de manifiesto y también ha exacerbado las limitaciones estructurales y sistémicas del modelo económico salvadoreño, caracterizado por un bajo ritmo de crecimiento de la actividad económica. Durante las últimas tres décadas, se evidencian fuertes restricciones al crecimiento económico, que pueden explicarse en el bajo nivel de acumulación real o de inversión productiva; lo cual contrasta con el predominio de la acumulación ficticia, que promueve las inversiones financieras y especulativas, y desatiende las ramas que dinamizan la economía y generan empleo. De esta manera, el modelo ha favorecido a la fracción del capital dinero de préstamo, el mismo que se benefició con la reprivatización de la banca, las reformas al sistema previsional y la dolarización de la economía.

La economía salvadoreña está fundamentada en los servicios, el proceso de terciarización ha sido acompañado de la destrucción de importantes ramas de la industria nacional, con la consiguiente presión para aumentar las importaciones de bienes de consumo, intermedios y de capital, que han profundizado la dependencia comercial con el resto del mundo; además las cuentas del sector externo se sostienen en buena medida por los flujos de transferencias unilaterales privadas o remesas familiares. En 2019, el Banco Central de Reserva registra en concepto de remesas familiares 5 mil 650 millones de dólares, o cual representa aproximadamente la quinta parte del Producto Interno Bruto de El Salvador y poco menos del 90.0% del Presupuesto General de la Nación.

No puede obviarse la crítica situación de las cuentas fiscales en el país, la cual se ha larvado en décadas de políticas de “estabilización económica” y “ajuste estructural”. Con una estructura tributaria regresiva e importantes niveles de evasión y elusión fiscal, existe una evidente incapacidad del Sector Público no Financiero de financiar con recursos propios las políticas públicas, por lo que nos mantenemos en el circuito del endeudamiento, agravado por la deuda previsional.

El patrón de acumulación vigente también presenta dificultades para generar suficientes puestos de trabajo y oportunidades; el poco empleo creado es, generalmente, precario, mal remunerado, inestable y de baja calidad. Este rasgo refuerza la manera inequitativa o desigual que el sistema económico distribuye el excedente económico que se genera socialmente, lo que implica una polarización entre la mayoría de la población y un reducido número de familias que concentran la propiedad de los medios de producción y los ingresos.

La dependencia de la economía salvadoreña, principalmente de los Estados Unidos de América, no solo se expresa en términos comerciales, en tanto es el principal destino de los flujos de exportación e importación nacional; sino también, al considerar la presencia de Inversión Extranjera Directa de ese país en El Salvador, y que es el lugar de residencia de millones de compatriotas y el punto origen de las remesas familiares; además de la evidente influencia de la hegemonía estadounidense en nuestro país.

Finalmente, hay que hacer notar, que las reformas económicas, jurídicas e institucionales implementas en las tres últimas décadas, han debilitado y erosionado las funciones del Estado, mediante procesos de desregulación y privatización; afectando sus capacidades para la gestión de los sistemas públicos sanitarios, de previsión social, de educación y científico-tecnológico. En este sentido, nos encontramos con un sistema público de salud, educativo y científico en condiciones tan limitadas y precarias como para enfrentar de una mejor manera una situación tan difícil como la actual emergencia generada por la pandemia y las tormentas tropicales.

Con este panorama que ha expuesto de la situación en que se encontraba la economía antes de la pandemia,  ¿Cuáles serán los efectos que podemos esperar, después de la pandemia?

La paralización de la economía mundial, en general y, particularmente la economía salvadoreña, aunado al alto nivel de endeudamiento público para responder a la situación de emergencia; hace prever que la situación económica nacional se deteriorará notablemente. Los efectos de la pandemia ya son devastadores, trascienden de una crisis sanitaria y, ha generado un complejo de afectaciones en los órdenes social, económico, jurídico, político, cultural e institucional.

Las implicaciones económicas son diferenciadas, los efectos no son iguales para todos los países y, dentro de los países, sin duda las empresas están impactadas de manera distinta, así como los grupos poblacionales. Estimaciones de las instituciones financieras internacionales plantean que la contracción económica mundial en 2020 sería en torno a – 5,0%; se prevé que la variación del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos será de -8.0%; en América del Sur, Argentina, Brasil y México reducirían el PIB en el orden de -10%; y las estimaciones que hacen para El Salvador indican una contracción de la actividad económica de -5.4%.

Seguramente una variación del PIB salvadoreño de -5.4% es una proyección excesivamente conservadora, todo apunta a un desplome de la economía salvadoreña en 2020, mucho más dramático que el registrado en 2009 (-3.5%) con la crisis financiera mundial, y posiblemente en torno al nivel registrado al inicio del conflicto armado interno, cuando la tasa de variación del PIB cayó hasta -11.0%.

El cierre de la economía tiene una gama de implicaciones económicas. En términos macroeconómicos se registra una reducción significativa del consumo privado; como consecuencia de la baja actividad interna, los hogares y las empresas habrán reducido su nivel de consumo. Vale decir que, el consumo es el rubro más importante del PIB por el lado del gasto. También se registra una reducción de inversión, no solo privada, sino que también pública, cuyos niveles son muy limitados.

Un factor que afectará mucho en los ámbitos macro y microeconómico, es la drástica contracción de las remesas familiares. Las estimaciones de los flujos de remesas, a nivel mundial, apuntan a una reducción del 20%; para América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) plantea que la contracción será del 30%.; mientras que el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) estima que, en El Salvador, las remesas familiares habrán disminuido en 40 % en 2020. este año. Las previsiones sobre los flujos de remesas, se pueden sustentar en la drástica contracción de la actividad económica de Estados Unidos, donde el nivel de desempleo nacional se estima en torno al 15%, y del 19% para la población latina, en este año.

 En el  tema del empleo en nuestro país. ¿Cuál es el panorama que se avecina?

Aunque no se dispone de cifras oficiales de desempleo para 2020, se han conocido estimaciones basadas en el número de cotizantes privados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que estrían indicando una pérdida de entre 80 mil y 100 mil puestos de trabajo cerrados o destruidos, que equivaldría al doble de los empleos destruidos en el país entre 2008 y 2009, como consecuencia de la crisis financiera.

Cabe señalar que, el aparato productivo salvadoreño está constituido, principalmente, por micro y pequeñas empresas. Según el último censo económico, más del 90 % de las unidades económicas urbanas tienen 4 o menos trabajadores, muchas son empresas de subsistencia o con un bajo nivel de acumulación; de allí que, ante el cierre de la actividad económica durante la pandemia, es de esperar que, buena parte de estas empresas hayan quebrado, generando con ello un alto impacto en términos de desempleo.

Además, 6 de cada 10 personas en El Salvador están ocupadas en lo que se denomina “Sector Informal” y, si consideramos que en la lógica del “rescate económico” durante la emergencia se habría enfocado más en las actividades del “sector formal”, que, en las micro y pequeñas empresas, que constituyen un sector altamente dinámico y relevante dentro de la actividad económica salvadoreña en términos de generación de empleo.

A propósito de los efectos diferenciados, durante la fase de cuarentena obligatoria, grandes empresas, incluyendo financieras, no fueron forzadas a cerrar, y algunas de ellas han tenido un ritmo de actividad económica frenética, mucho mayor, inclusive, que en condiciones de “normalidad”, lo que habría implicado beneficios económicos extraordinarios, en plena situación de crisis por la emergencia. Los impactos diferenciados también se registran a nivel internacional, donde corporaciones transnacionales han visto crecer de manera extraordinaria sus ventas y ganancias durante el primer semestre del año.

¿Cuál será el impacto en términos fiscales que generará esta pandemia al país?

Es notoria, la fuerte presión que se ha generado sobre las finanzas del Estado, en el marco de la pandemia por COVID-19. Además de los recursos cubiertos en el Presupuesto General de la Nación 2020, préstamos de instituciones financieras internacionales y fondos de la Cooperación Internacional, el Gobierno de El Salvador, con base en el Estado de Emergencia Nacional, requirió de la Asamblea Legislativa la aprobación de financiamiento de alrededor de 3 mil millones de dólares para “el manejo de la crisis económica y sanitaria”, los cuales fueron autorizados en dos momentos.

Del financiamiento aprobado, 2 mil millones de dólares se utilizarían en una primera fase para el Fondo de Emergencia, y mil millones de dólares para un “plan de rescate económico para las empresas”. La aprobación de este financiamiento implica un incremento de la Deuda Pública hasta un 90% del PIB, y una presión sobre el Déficit Fiscal, que podría alcanzar el 16%, indicadores que revelan una situación alarmante en las cuentas del Sector Público no Financiero.

En este sentido, el Gobierno fue autorizado a buscar el financiamiento por dicho monto, lo cual implica gestionar los recursos con instituciones financieras internacionales o la creación de deuda, a través de la emisión de bonos. Pero en las circunstancias actuales, en que los mercados financieros  internacionales se encuentran en una situación complicada, como consecuencia de la contracción de la actividad económica mundial; la colocación de bonos en los mercados internacionales es muy difícil y oneroso. Este tipo de deuda es muy cara, de allí que una mejor opción es la búsqueda de financiamiento a través de fuentes multilaterales.

La situación de El Salvador, en materia de colocación de bonos, es adversa, dada la baja clasificación del riesgo país otorgada por empresas clasificadoras de riesgo. Standard and Poor’s y Fitch Rating han dado a El Salvador una calificación de B (-), con tendencia negativa. Esto quiere decir que, los bonos que el gobierno salvadoreño podría colocar en los mercados internacionales requieren una alta tasa de interés para poder venderse, son bonos altamente especulativos; algunos califican a los bonos de El Salvador, por la alta calidad de riesgo como “Bonos Basura”.

Aunque no se conoce un plan para enfrentar las “crisis sanitaria y económica”; sin embargo, se ha informado que la distribución del del ingreso generado con el financiamiento por deuda, incluiría: 600 millones de dólares orientados al fideicomiso para la recuperación económica de empresas registradas en el ISSS; 600 millones de dólares se canalizarían a los Gobiernos Municipales; $ 834 millones de dólares para beneficiar a la población y para inversión en salud; y 700 millones en concepto de refuerzo presupuestario, que servirá para cubrir agujeros fiscales; con lo cual se confirma la fragilidad de las finanzas públicas, pues deben canalizar fondos aprobados para la emergencia, para cubrir desequilibrios existentes en las cuentas del sector público no financiero antes de la pandemia.

Considerando la dificultad que entraña financiar las políticas públicas en esta situación de emergencia, es de esperar se haga un uso adecuado y eficiente de los recursos, lo cual supone: identificar prioridades, ponderar preferentemente a los sectores en condición de mayor vulnerabilidad. Sin duda, que los recursos deberían de beneficiar prioritariamente a las personas con discapacidad, población adulta mayor, niñez y adolescencia, pueblos indígenas, comunidad LGTBI y a las mujeres.

Por otra parte, si consideramos que los recursos obtenidos representarán una alta carga fiscal en los próximos años, y además que tenemos que pagarlo con creces, dado que es un financiamiento muy caro; deben garantizarse la aplicación de mecanismos eficientes y transparentes en la distribución de los recursos.

La rendición de cuentas, las auditorías independientes y el ejercicio de contraloría ciudadana son indispensables en la gestión de las intervenciones durante y después de la emergencia. No es dinero que los funcionarios del Gobierno sacan de su bolsillo, es dinero que ellos erogan ahora, pero que pasada la pandemia, saldrá del bolsillo el pueblo salvadoreño; y que pagaremos, en una situación de crisis económica, con una economía rota.

El panorama pinta muy preocupante, pues no solo desconocemos la existencia de una plan para enfrentar las “crisis sanitaria y económica”, sino peor: lo que ha prevalecido a un año de esta administración, es una práctica reiterada de improvisaciones. Esto no solo resulta irracional en términos de la orientación de los recursos, sino que imposibilita la adopción de intervenciones estratégicas. Nada peor que la improvisación en materia de políticas públicas.

Además, tampoco se conoce un plan de desarrollo, parece ser que no existe una instancia de la actual administración que asuma la conducción de planificación; lo cual va en desmedro de la integralidad, unidad, previsión, racionalidad y continuidad de las políticas públicas. Los costes de la falta de planificación, de la falta de previsión, de carecer de un enfoque estratégico y de largo plazo, no solo se expresan en términos del uso inadecuado de los recursos , sino de la pérdida de la oportunidad por replantearse del modelo económico, que se encuentra evidentemente agotado.

Es preocupante que, en medio de la emergencia, afloren casos de manejos inadecuados de los recursos públicos, señalamientos de prácticas de corrupción, aprovechamiento de particulares o partidarios con la distribución de alimentos, insumos agrícolas o subsidios; abusos de poder en las decisiones gubernamentales. Lo peor es que frente a estas situaciones, prevalezca una negativa al acceso de la información pública, a la rendición de cuentas y a transparentar los manejos. Ante la opacidad en el manejo de las intervenciones del gobierno, se requiere de un activo ejercicio de contraloría ciudadana y activación de una verdadera contraloría.

¿Cuáles son los principales efectos que tendría esta pandemia?

En primer lugar, cabe señalar que la vía del endeudamiento no es una alternativa sostenible y no es recomendable. En los próximos años, con una economía rota y más desarticulada, en la que se han profundizado los rasgos del modelo económico, habrá que enfrentar los compromisos contraídos en a emergencia. Debemos considerar que los problemas históricos de evasión y elusión fiscal, de regresividad en la estructura tributaria salvadoreña y la limitada utilización de la política fiscal como un instrumento redistributivo, no están resueltos, perviven y se exacerbará con la vuelta a la normalidad, una vez superada la pandemia.

El coste de este rescate económico no se va a repartir de manera equitativa: las canastas de alimentos, los paquetes de insumos agrícolas, los $300 dólares del subsidio; habrá que pagarlos, y nos van a costar muy caros a las salvadoreñas y salvadoreños de menores ingresos. Hay que revisar la carta de intenciones del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, para conocer las condicionalidades impuestas; no me cabe duda que después de la pandemia vendrán las presiones del FMI para incrementar en varias unidades porcentuales a la tasa del IVA e incrementos en los impuestos específicos al consumo, lo cual golpeará fuertemente la economía de los hogares.

Es muy probable que el FMI, desde su mirada estrictamente financiera y carente de un enfoque de Derechos Humanos, también presione para postergar la edad de retiro por jubilación y que se aumenten la tasa de cotización de las y los trabajadores. También esto, conllevaría a una mayor presión sobre las capas medias y sobre los sectores más empobrecidos del país.

Lo más seguro es que a los 170 “mega ricos”, que según Wealth-X existen en El Salvador y detentan ingresos netos por más de 20 mil millones de dólares, ni siquiera verán un amago por gravar sus riquezas o rentas; aunque ésta sería una excelente alternativa para financiar los costes derivados del endeudamiento para enfrentar la emergencia por pandemia. Esto porque lógica de la política tributaria orientada por el FMI desde hace tres décadas, se funda en principios regresivos y no de justicia y progresividad. Lo más seguro es que la carga tributaria continuará soportada por la clase trabajadora.

Desde la perspectiva de los hogares de menores ingresos, la pérdida de empleo de alguno o algunos de sus miembros, puede tener una repercusión negativa y prolongada, si consideramos la dificultad real de encontrar un nuevo empleo, en un contexto de desplome económico. Aunque la tasa de desempleo en El Salvador, no refleja la dimensión completa de ese fenómeno, hay opiniones de expertos que señalan que la tasa de desempleo podrá rebasar los dos dígitos, hasta alcanzar un 16% de la población económicamente activa. Esta situación demandaría del Estado una política de ingreso orientado a estos hogares y políticas de apoyo a la micro y pequeña empresa.

La reducción del ingreso en los hogares, a consecuencia de la pérdida de empleo, la quiebra de la micro o pequeña empresa, o la reducción de las remesas familiares recibidas, seguramente elevará las cifras de pobreza del ingreso en 2020. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples registra para 2019, que el 23,5 % de los hogares en El Salvador se encuentran situación de pobreza, de los cuales el 18.9% están en pobreza relativa y el 4.6% en pobreza absoluta.  la población. Por otra parte, la referida Encuesta define que, del total de hogares salvadoreños, el 29.9% se encuentra en situación de pobreza multidimensional y el 46.1% de los hogares rurales.

Finalmente, debemos tener en cuenta que, en el escenario post-pandemia surge la oportunidad de replantear el actual modelo económico, esto implica avanzar en un ejercicio de planificación del desarrollo, retomar las funciones económicas, clásicas y básicas del Estado, fortaleciendo los sistemas públicos sanitarios, educativos, ciencia-tecnología y seguridad social; debemos pasar la página de un patrón de acumulación agotado, que frena el crecimiento económico, que en 30 años ha sido incapaz de hacer viables las cuentas del sector externo y sanear las cuentas fiscales; además de profundizar su carácter excluyente y empobrecedor.