Voz experta: Un bicentenario para reflexionar desde una perspectiva histórica diferente

Un principio con el que todos estamos de acuerdo es el hecho de que el Bicentenario de la Independencia definitivamente tiene un sustrato en el pasado, sino no habría nada que conmemorar.

Se hace ineludible, entonces, profundizar en los fundamentos reales del hecho histórico que se está celebrando, para lo cual hay que reconocer que llegamos tarde al bicentenario. Se necesitaba haber hecho un plan de investigaciones en toda la región centroamericana desde hace muchos años para poder culminar con una celebración llena de sentidos reales y profundos. Algunas ideas del pensador ruso Nicolás Berdiaeff, expuestas en su libro “El sentido de la Historia”, nos ayudan a valorar la limitación mencionada, pues indicó que “el contacto íntimo con el pasado significa también un contacto íntimo con su dinamismo creador”. Este pensador apuntó también que el estudio del pasado tiene un marcado sentido de profetismo inverso, un profetismo dirigido hacia el pasado con el cual se penetra también el futuro, razón por la cual la “memoria contiene principios de paternidad”, para que, “…además de no empobrecernos en lo que se refiere a los incalculables tesoros del pasado, también nos enriquezcan con lo que va forjándose en el provenir”. Olvidar el pasado transforma “…nuestra vida en un cementerio donde sobre los restos de los padres brotan las nuevas vidas de unos hijos que olvidan a sus progenitores”. Hecho que se asoma aún más en nuestras vidas actuales con el “…culto al futuro y el desdén por el pasado, tan propios de diversas teorías progresistas, (que) someten nuestra vida a unos principios aniquiladores que comprometen la integridad de lo real…”

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Habría muchas pruebas de que algo hemos hecho para que el peligro mencionado por Berdiaeff esté bastante presente en la celebración de este bicentenario. Por ejemplo, una discusión necia sobre la fecha de la Independencia, sin percatarnos que la misma fue un proceso en un contexto concreto, no nos ayudaría a ser responsables con la herencia histórica recibida en los términos de Berdiaeff.

El discutir una fecha nos hace más propensos a seguir repitiendo una historia patria no solo bastante antigua, sino también diseñada para respaldar de manera utilitarista un plan político liberal de finales del siglo decimonónico, la cual, por un lado, contiene errores evidentes y, por otro lado, oculta por intereses creados lo que realmente pasó. Esta es la razón por la que la historia patria no nos contesta preguntas vitales como quiénes fueron los que se independizaron, de quién se independizaron, por qué se independizaron y, una última pregunta muy importante, por qué después de la “idealizada” emancipación las provincias del Reino de Guatemala se destruyeron tanto entre ellas como a lo interno de cada una, marcando una historia que llega hasta nuestros días con guerras civiles y retrasos en cuanto a un gobierno democrático justo para todos los estratos de la sociedad, a diferencia, se supone, de lo que pasó a lo largo del periodo colonial en manos de España. Desde lo que la historia patria y algunos investigadores todavía repiten en cuanto a que las ideas de la Ilustración habían penetrado y abrieron nuevos derroteros prometiendo el progreso y la felicidad, frente al atraso y explotación padecida bajo el dominio de España, estos 200 años demuestran que no fue así y que no cumplieron la promesa tan satisfactoriamente.

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En mi recién publicada investigación “El proceso de Independencia de las provincias del Reino de Guatemala (1782-1824)” abordó el tema tratando de liberarlo de la historia patria antes mencionada, por lo que me alejo del análisis centrado en lo político y militar, así como del culto a los próceres y centros de poder.

El análisis del periodo de tiempo que va desde la instauración de las intendencias 1786 en las provincias del Reino de Guatemala, tomando en cuenta también los efectos de las Cortes de Cádiz (1810-1814) y las del Trienio Liberal (1820-1823), hasta llegar a la instauración del federalismo, permitió encontrar otra realidad que da respuesta más satisfactoriamente a las anteriores preguntas. La clave no se encontró en las nuevas ideas políticas que fueron llegando a la región por diferentes medios; tampoco se encontró lo vital del proceso en los efectos de la Revolución Francesa y en la independencia de las Colonias del Norte. En primer lugar, porque ante una población bastante analfabeta y con pocos medios de comunicación, las ideas no calaron en la mayor parte de la gente y, en segundo lugar, porque desde antes de las Cortes de Cádiz, las ideas afrancesadas, junto con el proceso que provocaron en Francia, tuvieron muy mala imagen y eran rechazadas por miedo al caos que provocaron, sentimientos avivados en los últimos años por la invasión de Napoleón a España.

El motor que determinó la mayoría de acciones en todo el periodo se encontró en el campo económico que, además, los lanzó hacia la búsqueda del progreso. Se descubre desde el inicio del periodo mencionado los conflictos regionales que esta materia provocó partiendo de las tendencias monopolistas de la capital del Reino sobre las demás provincias. Monopolio y explotación que facilitó el apropiarse de la estructura de gobierno y su uso corrupto por parte de las élites capitalinas. Asimismo, se detectó una costumbre antigua de estos pequeños grupos, desde sus particulares intereses económicos, consistente en adaptarse a cada estructura que se creaba para manipularla a su favor, cuestión que causaba ciertos conflictos, pero que eran remediados exitosamente.

El periodo analizado tiene la característica de que los cambios se dieron en muy poco tiempo y no permitió a las élites capitalinas dominar y corromper la nueva estructura, lo cual, por un lado, provocó que vieran afectados sus intereses y, por otro lado, que los roces con otras provincias aumentaran antes y después de 1821.

Con el sistema de Intendencias instaurado en 1786, además de continuar la corrupción, primero se ocuparon las élites monopolistas de desarmar esa estructura a su favor, lo que provocó más desavenencias entre las provincias. Por ejemplo, Chiapas empezó con más conciencia a dirigir su proyecto de progreso hacia México alejándose de Guatemala, por lo que pedía que se le anexionará la zona de Tabasco para comerciar por el Golfo de México. Honduras a principios del siglo XIX, ante el despojo de sus puertos por parte de los guatemaltecos, pidió a través de su Intendente Anguiano que los devolvieran a la administración hondureña. Nicaragua presentó proyectos a finales del siglo XVIII y principios del XIX para que le permitieran comerciar por medio del río San Juan y su lago, habilitándole un puerto en el Pacífico. En todas esas ocasiones manifestaron claramente sus choques con los de Guatemala, como fueron las siguientes palabras de Nicaragua en 1804 contra el consulado guatemalteco, en cuanto a que su acción monopolista “…se dirige a que vivamos en la inacción, a que suframos el comercio pasivo, a que no haya más contratación que la de aquel emporio y, últimamente, a que sigamos siendo sus colonos feudatarios… siendo preconizadores de nuestra desgracia”.

Esta situación continúo acrecentando la conciencia de las provincias sobre el obstáculo injusto que representaba Guatemala. En ese ambiente se llegó a las Cortes de Cádiz, que no solo dinamizó el ambiente político con su Constitución y leyes liberales que debilitaron a los grandes centros de poder y afectaron varios de los intereses de las élites, sino que permitió que afloraran más fuertemente esas divisiones cuando determinó que los diputados de cada provincia llevaran las instrucciones de sus representados en las que se incluyera todo aquello que favoreciera el desarrollo de cada una, con las ventajas de que podían enviarlas en “derechura” sin pasar por la Audiencia de Guatemala y, además, en un ambiente de libertad como nunca lo habían tenido para expresar los argumentos en que sustentaban sus proyectos.

La división que palpitaba entre las provincias del Reino se manifestó de muchas maneras, empezando porque en las sesiones los diputados de la región no actuaron unidos, salvo en muy pocas materias, manifestándose también sus choques en muchas ocasiones, tales como cuando fueron desaprobadas la mayoría de proyectos propuestos por Honduras, porque afectaban fuertemente los intereses de los comerciantes de la capital guatemalteca. La protesta de su diputado Morejón develó la realidad general en cuanto a que no iban a progresar mientras Guatemala tuviera tal poder, denunciando que esa capital propende a defraudar y oprimir a las demás y que la comisión que desaprobó los proyectos da lugar “al ejercicio de tal influencia…” que produce “tiranía interior…” por lo que “preciso es que haya una inclinación a favor de los pueblos que hasta ahora fueron oprimidos”.

Las opiniones fuertemente negativas contra Guatemala se multiplicaron porque cada provincia presento proyectos, 108 entre todas, y cada uno de ellos fue acompañado de una justificación en la que se encuentran ese tipo de opiniones. Vale anotar con toda claridad, que esos proyectos también dejaron ver que a lo interno de la mayoría de las provincias hubo, a su vez, divisiones.

Si el motor que hizo conflictivo el proceso independentista no estaba basado en las ideas nuevas a nivel político, sino que estuvo constituido por la cuestión económica y el interés por el progreso, se entiende el por qué la discusión en torno al establecimiento de las diputaciones provinciales provocó mucha tensión e interés, tanto en las sesiones de las Cortes como en las Provincias del Reino de Guatemala. Esta institución, como parte del poder Ejecutivo, fue muy importante; mediadora entre el poder central de la Corona y el poder local en cada región, fue encargada de poner en práctica las leyes que buscaban gobernar no solo con mayor justicia y corregir los vicios antiguos, sino también en la línea de la búsqueda del progreso.

En los discursos del diputado costarricense en las Cortes de Cádiz, así como en el de muchos congresistas de otras regiones de América, se comprueba que por lo atractivo de esta institución, por los diferentes recursos y geografías de cada una de ellas, y por el papel que había tenido Guatemala explotando a las provincias, era necesario una diputación para cada una para que fuera funcional. Sin embargo, las Cortes no atendieron la demanda y solo concedieron dos a la región. La experiencia de 1813 a 1814, tiempo que duró la primera época de esta institución, comprobó la argumentación hecha por los diputados, de forma que esa institución más bien sirvió para profundizar las antiguas divisiones y comprometer la posible unión futura, debido a que en la práctica comprobaron que cada centro de poder defendería sus intereses y se opondría a los proyectos de las periferias, alentando los odios antiguos. Además, a nivel legal, la libertad y poder que tuvo cada provincia al inicio de las Cortes de escribir en “derechura” y hablar libremente, fue devuelto a los antiguos centros de poder, puesto que los proyectos debían ser sometidos a la consideración de la diputación provincial y, aprobados por esta, ser enviados a las Cortes por medio de los Jefes Políticos Superiores (el de Guatemala y el de León, Nicaragua), dos formas de entorpecer la posibilidad de progreso de cada provincia.

El Trienio Liberal español (1820-1823), contexto en el que se dio la Independencia y que no ha sido tomado muy en cuenta suficientemente para analizar el periodo, reinstaló el sistema constitucional de 1812, volviendo a escena las diputaciones provinciales y los conflictos que provocaron. Para aprovechar esta coyuntura téngase en cuenta que las preguntas enunciadas al inicio toman mayor fuerza si se tiene en cuenta que la Independencia vino regalada a la región, sin mediar una guerra como la que tuvo México. Las causas del conflicto eran antiguas y se mantenían reprimidas por la Audiencia y las fuerzas militares, pero varios aspectos la liberaron para causar un mayor caos. En medio de esta situación, se comprobó que la Independencia regalada fue aceptada por miedo y conveniencia.

La explicación de ese miedo y conveniencia se encuentra en los efectos del Trienio Liberal. Primero, las provincias empezaron a luchar con más fuerza por tener su propia diputación y liberarse de Guatemala, a tal punto que se puede decir que Honduras se independizó de los “guatemalas” en 1820 cuando, sin autorización de ellos, constituyó su propia diputación con la esperanza de que España aprobara la acción. La fuerza irresistible de esta realidad provocó que, sin comunicación oficial, al enterarse que las Cortes habían aprobado una diputación para cada Intendencia, Honduras lo comunicara sin permiso de Guatemala a Chiapas y esta, antes de la Independencia, procedió el 10 de agosto de 1821 a fundar la suya.

Segundo, Guatemala no respetó a las autoridades de Nicaragua con su diputación, lo cual provocó antes de la Independencia protestas por parte de los nicaragüenses que no se distinguen en nada de lo que sucedió después de la emancipación, con palabras como la “acostumbrada mandomanía” de la capital del Reino, realidad pre-emancipación que determinó la momentánea declaración de Independencia de Nicaragua con los nublados del día por miedo a que Guatemala la atacara como lo hizo en 1812, más que por lealtad a España, como erróneamente siempre se le ha acusado.

Tercero, las Cortes abrieron espacios para que los grupos subalternos pudieran reclamar sus derechos, razón por la cual no es de extrañar el traslado de grupos indígenas a la Capital guatemalteca para demandar sus dineros y la abolición del tributo; la protesta de los esclavos del Ingenio de San Jerónimo en Verapaz trasladándose a la ciudad a pedir protección ante los abusos de sus amos; y la lucha de los negros y mulatos libres de varias provincias para que les dieran la ciudadanía.

Cuarto, la lucha de grupos opuestos a lo interno de la capital con proyección hacia las periferias del Reino provocó muchas tensiones que amenazaban con la violencia. Ya antes de la Independencia, bajo el sistema de una monarquía moderada constitucionalmente, la soberanía había vuelto al pueblo, y estos bloques en conflicto empezaron a manipularla para sus respectivos fines, que no eran precisamente los de la mayoría.

Quinta y muy importante, las Cortes españolas del Trienio emitieron leyes aún más fuertes que las de Cádiz contra los intereses de las élites y que la diputación provincial se propuso firmemente aplicar, tales como eliminar los subdelegados de intendencia nombrando en su lugar jueces letrados, la abolición de los tributos, controlar el nombramiento de funcionarios, instaurar los ayuntamientos constitucionales, eliminar el consulado, abolición del fuero militar y eclesiástico, entre otras medidas. Como se ve claramente, las diputaciones provinciales jugaron un papel fuerte en el conflicto emancipador.