Voz experta: La mejora de los procesos del Estado inicia con la transparencia
Dr. Esteban Mora Martínez en presentación de la situación sobre el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, 2017.

El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública  (CICAP-UCR) como unidad encargada de la elaboración de Índice de Transparencia del Sector Público reconoce necesidad de incorporar mayores facilidades para el acceso a la información pública

La Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) desde el año 2014 inició con un proceso de evaluación de la transparencia del sector público costarricense, que se mide en los sitios web de las instituciones públicas por medio de un total de 95 indicadores en los ámbitos de rendición de cuentas, acceso a la información pública, participación ciudadana y datos abiertos de Gobierno.

En un total de 4 años de mediciones, el país logra promediar 30,86 puntos de una nota de 100 puntos posibles, sin embargo, lejos de categorizar el resultado como ‘malo’, la evolución histórica del comportamiento de las instituciones muestra mejoras significativas en los procesos de transparencia activa de la información que debe disponerse al servicio de los ciudadanos, aunque aún faltan cosas por hacer en algunos sectores”.

En este contexto, los resultados del sector municipal suelen ser los más bajos obtenidos en las mediciones de los cuatro años por razones como no tener un sitio web o no contar con los recursos para este tipo de actividades de transparencia activa. Para mejorar los territorios el país, requiere invertirse adecuadamente en procesos de modernización de las municipalidades, eso implica disponer recursos para la mejora tecnológica, que no solo mejorará la transparencia, sino que fortalecerá los mecanismos de interacción con el ciudadano al habilitar consultas y pagos en línea, así como trámites y permisos con una adecuada trazabilidad para el ciudadano y la gestión municipal.

La información de los cuatro años de estudios de la percepción de la transparencia aplicados por la Contraloría General de la República (CGR), viene a sumarse a los esfuerzos que realizan las instituciones para alcanzar mejores resultados para el desarrollo socioeconómico del país. Si bien la metodología del ITSP de la DHR es diferente a la aplicada en la encuesta nacional de la CGR, hay que reconocer las coincidencias en cuanto a la necesidad de incorporar mayores facilidades para el acceso a la información pública cuando la solicitud se hace a instancia de parte y la importancia de incrementar la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas.

Debe observarse que por una parte con el ITSP nos hemos dado cuenta de la urgencia de estandarizar instrumentos de rendición de cuentas como informes de gestión y presupuesto con lenguaje apropiado para el entendimiento de cualquier usuario, así como establecer y normar los espacios formales de participación y colaboración ciudadana para contar con reglas claras de esa interacción, por ello, se aprecia en los resultados de la encuesta de la CGR que hay un deseo de recibir información y resultados institucionales de forma inmediata y a su vez, se  mejorar servicios como condición para participar más.

Los mecanismos e instrumentos para alcanzar esos estándares deben construirse apropiadamente, pues hay que preguntarse cómo quiere el ciudadano recibir los contenidos y cuál es la información sobre los resultados que desea obtener, con qué frecuencia. Podrían ser mensajes de texto al teléfono móvil, infografías por redes sociales, listas de distribución de correo electrónico por suscripción. Existen varios mecanismos, y hemos visto en los resultados del Índice de Transparencia que muchas instituciones lo hacen, pero muchas otras no.

Finalmente, aunque la naturaleza de los instrumentos es distinta, se pueden cruzar datos para el beneficio de los usuarios de los servicios públicos y de los ciudadanos en general, donde el objetivo de la gestión pública para alcanzar resultados en el desarrollo, debe pasar por procesos de transparencia activa con el fin de asegurar la mejora de procesos en el Estado.