Pronunciamiento de los y las docentes de la Maestría en Ciencias Penales de la UCR
En un reciente pronunciamiento de los profesores y profesoras de la Maestría en Ciencias Penales de la UCR, se insta a acatar el voto 2015-19582 de la Sala Constitucional y dotar al país de una ley de ejecución de las penas en adultos, deuda hacia una población vulnerable que ya cumple varias décadas. El documento fue dirigido tanto a la ministra de Justicia Marcia González Aguiluz (por cuyo medio se aportan los proyectos de ley en materia penitenciaria para trámite) como a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.
El cuerpo docente del posgrado penal recordó que las sanciones penales solo privan de su libertad ambulatoria al sentenciado, pero este mantiene otros derechos constitucionales, que solo pueden regularse o limitarse mediante ley, de la cual siempre se ha carecido, al punto que el Tribunal Constitucional, el 16 de diciembre de 2015, le ordenó a la Asamblea Legislativa legislar sobre el tema "a la mayor brevedad posible" pues, en criterio de los jueces de lo constitucional:"...las disposiciones concretas que afectan los derechos humanos de los privados de libertad, se encuentran desarrolladas a nivel reglamentario, lo cual no permite que se ajusten al necesario requisito de encontrarse dispuestas en un desarrollo normativo a nivel legislativo, tal y como lo prevé la norma cuestionada en esta acción, que incorpore, de forma íntegra, todos aquellos aspectos que permitan a la persona detenida el pleno respeto de sus derechos fundamentales, reconocidos a nivel constitucional, tales como el derecho a la integridad personal, psíquica, moral y dignidad humana, entre otros. Esto último, de conformidad con el imperativo categórico del artículo 51, del Código Penal, el cual se refiere, como se ha expuesto anteriormente, al desarrollo que debe existir a nivel legislativo del ejercicio de los derechos fundamentales que allí se indican, mismos que se reconocen a nivel constitucional. Y, esta omisión, genera una violación al Derecho de la Constitución y de la tutela de los derechos humanos que ésta reconoce."
Recientemente, la Presidencia Legislativa envió al archivo, por caducidad, el expediente legislativo número 18867, que había sido ampliamente consensuado con diversos sectores y que ya estaba en el plenario legislativo para ser discutido, por medio del cual se regulaba el tema. Por ello, los y las docentes se dieron a la tarea de estudiar el texto y remozarlo, ajustándolo a los nuevos cambios normativos que se han sucedido al aprobarse diversas leyes. También mejoraron su lenguaje técnico y verificaron la concordancia interna para evitar yerros jurídicos. El resultado de ese trabajo se aportó a los legisladores, a fin de facilitar el abordaje del tema y aprovechar el tiempo y recursos que otrora se invirtieron en hacer avanzar la iniciativa, sabiendo que lo aportad cumple con estándares técnicos en la materia.
Los profesores y profesoras insisten en que el país tiene compromisos internacionales en materia de protección a derechos humanos de las personas privadas de libertad que deben cumplirse, máxime ahora cuando, producto de la situación de hacinamiento que se vive, dichos organismos efectúan una vigilancia más directa y sistemática sobre nuestro país, de modo que continuar con esa omisión podría generar nuevas condenas internacionales.
El documento fue firmado por el Prof. Dr. Alfredo Chirino Sánchez (decano de la Facultad de Derecho), el Prof. Dr. Erick Gatgens Gómez (vicedecano de dicha institución), la profa. Msc. Rosaura Chinchilla Calderón (coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales), el prrf. Dr. Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, los catedráticos Javier Llobet Rodríguez y Álvaro Burgos Mata y los docentes de aquel plan de estudios prof. Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, Prof. Dr. Manuel Rojas Salas, prof. Dr. Roy Murillo Rodríguez, Profa. Msc. Rosaura García Aguilar y Prof. Franz Vega Zúñiga.
De esta forma, el profesorado de alto nivel en derecho de esta casa de estudios asume su compromiso social y propicia la aprobación de normativa acorde con el Estado Democrático de Derecho
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