Luego de analizar el proyecto de ley que pretende actualizar las jornadas laborales extraordinarias y permitir que las personas trabajen cuatro días y tengan tres días de descanso a la semana, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) le pidió a la Asamblea Legislativa no aprobar la propuesta, ya que contiene medidas que podrían tener efectos negativos en las personas trabajadoras.

La iniciativa que actualmente tiene en estudio la comisión de Asuntos Hacendarios reformaría los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, con lo cual la legislación nacional autorizaría jornadas laborales de hasta 12 horas diarias.

Para la UCR, algunas de las disposiciones, aunque flexibilizadoras son regresivas, contrarias a nuestro ordenamiento jurídico y a los convenios internacionales en materia de derechos humanos y laborales suscritos por el país.

De acuerdo con el criterio experto de unidades académicas y administrativas de la UCR consultadas por el Consejo Universitario, un aumento en la jornada laboral podría incurrir en mayores riesgos de trabajo y, por ende, en el deterioro de la salud de las personas; además, limitaría las posibilidades de acceso a la educación de las y los trabajadores e incrementaría las inequidades de género existentes asociadas con el cuido de niños y niñas, personas adultas mayores o personas con discapacidad.

La Universidad considera que este cambio se justifica a partir de la necesidad de lograr una mayor competitividad en el sector empresarial y se traduce en una disminución de los costos laborales, es decir, está más pensado en el trabajo que en quien lo realiza.

Un ejemplo de ello es la inexistencia de un mecanismo que garantice la voluntariedad de la aplicación de las jornadas, dado que se fortalece la potestad unilateral del empleador de modificar las condiciones de trabajo a su conveniencia; de no ser aceptadas, podría proceder al despido de la persona trabajadora.

Esta casa de estudios recordó que la jornada de ocho horas diarias establece un estándar mínimo para la protección de las condiciones de trabajo y es el resultado de luchas sindicales para reivindicar los derechos de las personas trabajadoras.

Finalmente, en relación con el tema operativo, la UCR señaló que, de aprobarse este proyecto, se ampliarían las funciones y obligaciones de la Dirección Nacional de Inspección General del Trabajo; sin embargo, no se contempla el fortalecimiento de los recursos humanos y materiales requeridos para tales efectos.