Por segundo año consecutivo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Costa Rica otorgó el sello Vivir la integración a la Clínica del Refugio, Migración y Protección Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Este sello es la certificación oficial que el Acnur Costa Rica concede a aquellas empresas, organizaciones e instituciones que demuestren su compromiso con las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio en Costa Rica, con el fin de crear una cultura organizacional inclusiva que proteja y apoye a esta población y que reconozca sus aportes a la sociedad.

Según Melissa Salas Brenes, directora del área de acción social de la Facultad de Derecho y coordinadora de la iniciativa, la Clínica de Refugio, Migración y Protección Internacional es un proyecto de extensión docente que se dedica a brindar asesoría legal migratoria de manera gratuita.

“La asesoría se brinda en la parte de extranjería, como los procesos de diferentes tipos de residencia, permisos laborales, naturalizaciones y procesos más especializados, como son las solicitudes de refugio. Dentro de los objetivos del proyecto se encuentra el litigio estratégico en la defensa de derechos fundamentales, que es plantear diversas acciones cuando a una persona migrante o refugiada se le violentan los derechos consagrados en nuestra Constitución Política o en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos”, detalló Salas.

Por su parte, Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho, recordó que esta unidad académica cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en promover proyectos e iniciativas de acción social, docencia e investigación en temáticas vinculadas con la protección jurídica internacional de las personas refugiadas y migrantes, como el Trabajo Comunal Universitario denominado Fortalecimiento de la protección de la población refugiada y migrante vulnerable en Costa Rica. “Ser egresada de ese proyecto me permite, el día de hoy, en condición de decana de la Facultad de Derecho, comprender y dimensionar la importancia del galardón recibido por parte del Acnur”, destacó Moreno.

“Este sello confirma la excelencia en los quehaceres de la acción social, la docencia y la investigación desarrollados por la coordinadora del proyecto y directora del área de acción social de nuestra Facultad, la profesora Melissa Salas Brenes, en lo que respecta a la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes que se encuentran en condición de vulnerabilidad respecto a su acceso a la justicia”, agregó la decana.

De acuerdo con Salas, en sus dos años de existencia, el proyecto ha desarrollado acciones concretas en favor de las personas migrantes, entre ellas destaca la presentación de recursos de amparo ante la Sala Constitucional en temas de salud, educación, plazos desproporcionados para brindar respuesta en tiempo y forma a la población migrante, solicitante de refugio o refugiada. Además, ha presentado denuncias ante la Defensoría de los Habitantes para que se investiguen situaciones o actuaciones que han puesto en riesgo los derechos de esta población.

Asimismo, la Clínica ha acompañado procesos de solicitud de refugio cuando las personas solicitantes se encuentran en algún estado de vulnerabilidad y sin posibilidad de contratar los servicios especializados de un profesional. También ha brindado acompañamiento a personas en condición apátrida o en riesgo de ella. En este sentido, Salas explica que cuando una persona no ha sido reconocida como ciudadana por ningún país acrecienta su vulnerabilidad en todo sentido, porque no cuenta con ningún tipo de documentación oficial que le permita identificarse como persona física.

“La Clínica mantiene constante participación en foros y conversatorios, tanto a nivel nacional como internacional, para hacer conciencia sobre la realidad que vive nuestra población de atención. El proyecto trabaja de manera interinstitucional, creando alianzas con distintas instituciones nacionales, internacionales y oenegés. Desde el proyecto se trabaja la integración de las personas migrantes y se busca concientizar en temas de xenofobia, aporofobia y discriminación, entre otros”, detalló Salas.

El camino para obtener el sello
Según explica Salas, para participar del proceso de selección y reconocimiento del sello Vivir la integración, el proyecto se somete a revisión de resultados y acciones por parte de pares externos a la universidad, quienes revisan todos los requisitos y conocen en detalle el quehacer del proyecto. Esto le permite a la Clínica evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos de acuerdo con los indicadores y evidencias que se establecen periódicamente.

“La posibilidad de que personas externas revisen, evalúen y conozcan, tanto el trabajo como el impacto que éste tiene en la población solicitante de refugio y en personas refugiadas, nos facilita estar en constante revisión y mejora de las labores que realizamos como Clínica, ya que nos permite visualizar lo que estamos haciendo, la huella que estamos dejando y reflexionar en qué otros campos podemos incursionar para seguir apoyando de la mejor manera a nuestra población meta”, resaltó la directora del área de acción social de la Facultad de Derecho.

De acuerdo con el Acnur Costa Rica, “las instituciones, organizaciones y empresas que obtuvieron el sello Vivir la integración desarrollaron acciones de inclusión de las personas desplazadas en sus entornos laborales, políticos, académicos y sociales. Al hacerlo, reconocieron el aporte que estas personas realizan a su productividad, cultura organizacional, motivación y ambiente laboral. Además, generaron acciones de responsabilidad social que aportaron al bienestar del país y de la región”.

En la ceremonia también fueron certificadas otras 7 instituciones públicas, 11 empresas privadas, 11 organizaciones no gubernamentales y una persona.

A continuación, una breve entrevista con Salas sobre la importancia de la Clínica y la manera en la que la pandemia por COVID-19 ha afectado a la población migrante:

¿Por qué es importante que la Clínica siga existiendo?

MSB/ Desde hace más de 20 años la Facultad de Derecho apoya el tema de los solicitantes de refugio y a las personas refugiadas. Desde el año 2000 se cuenta con un Trabajo Comunal Universitario que tiene su origen en un convenio marco suscrito entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Universidad de Costa Rica y que en su momento respondió a la urgente necesidad que tenía el estado costarricense para enfrentar las nuevas solicitudes de refugio de cientos de personas que salían de Colombia como consecuencia del conflicto armado que se recrudecía.

La Facultad de Derecho determina que, además de las actividades que se pueden desarrollar en el marco de un trabajo comunal, es urgente fortalecer los procesos de reconocimiento de los solicitantes de refugio y la protección y defensa de los derechos fundamentales de la población migrante en condición vulnerable.

Actualmente, el reto de atención jurídica cobra gran importancia por los conflictos e inestabilidad económica y política que se presenta en los países de América Latina, muy especialmente en Centroamérica, que hace que los movimientos migratorios hacia nuestro país aumenten, al igual que las solicitudes de refugio.

Ante este panorama, es necesario que la Universidad de Costa Rica asuma un papel activo en brindar respuestas oportunas e integrales a las situaciones de realidad nacional que se viven en el país. Y, tomando en cuenta que Costa Rica tiene una larga tradición como país receptor de migrantes económicos y desplazados por la violencia, se constata la importancia de continuar abordando los procesos legales, tanto de las migraciones forzadas (refugiados) como de las voluntarias (migraciones laborales), como expresión de un fenómeno que no solo se circunscribe a la realidad costarricense, sino que forma parte de un fenómeno global.

Continúa siendo importante que nuestra universidad asuma y se sume a continuar trabajando por las personas refugiadas y migrantes en condición de vulnerabilidad brindando acceso y apoyo a las necesidades legales y de asesoría especializada en procesos migratorios, como la lucha por el respeto y reconocimiento de sus derechos fundamentales. Definitivamente se hace imperioso el abordaje de esta realidad, que aunque no es novedosa, sí plantea a la sociedad costarricense importantes retos en el desarrollo de una conciencia acerca del respeto de los derechos fundamentales de las poblaciones migrantes y refugiadas y los motivos que pueden hacer que una persona se vea obligada a dejar su país de origen o residencia habitual.

¿Han logrado determinar si la pandemia por COVID-19 ha incrementado la violación de los derechos de las personas migrantes?

MBS/ Con el tema de la pandemia y las restricciones sanitarias varias instituciones se vieron obligadas a cambiar su dinámica de atención al público, entre ellas, la Dirección General de Migración y Extranjería. También se dio el cierre de fronteras. Estas situaciones generaron angustia, desconcierto y muchas preguntas en las personas migrantes. Desde la Clínica se trató de orientar y explicar a los usuarios que nos contactaron sobre sus derechos y las prórrogas en los trámites que estaban realizando ante Migración, así como detallarles el alcance de las distintas resoluciones y decretos emitidos en tiempos de emergencia sanitaria. También se recomendó algún tipo de acción cuando se consideró que se estaban lesionando sus derechos.

La pandemia nos ha limitado a todas las personas en muchos sentidos y obviamente a los extranjeros, principalmente a aquellos que están en condición irregular o están a la espera de una decisión migratoria con un proceso abierto.

La Clínica atendió varias situaciones de personas migrantes a las cuales se les dificultó tener acceso a la vacuna contra el COVID-19 y se logró dar asesoría y acompañamiento para que lograran ser vacunadas. También se trabajó en asesoría con trabajadores transfronterizos, quienes se vieron ante una situación apremiante con el cierre de fronteras, pues su realidad laboral, familiar y social se desarrolla entre países.