Más de la mitad de la población costarricense considera que los dos tipos de violencia, que son altamente probables que les ocurran a las niñas y los niños en el país son la violencia psicológica y la sexual.

Así lo reveló la Encuesta Actualidades 2023, realizada por estudiantes de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, mediante la cual se exploró la percepción de las personas sobre la probabilidad de que las niñas y niños experimenten distintas formas de violencia, como lo son: el abandono y negligencia por parte de una persona adulta, violencia física, violencia psicológica, y violencia sexual.

Los resultados de este estudio determinaron que, las formas de violencia infantil que los ticos consideraron más probables que ocurran, fueron la violencia psicológica o emocional y la violencia sexual, con un porcentaje del 53,7% de la población encuestada para ambas formas de abuso.

Además, un 47.3% de los costarricenses considera altamente probable que los menores de edad sufran violencia física, y un 43.3 abandono o negligencia por parte de la persona encargada.

En cuanto a las consecuencias de la violencia infantil, el 74,3% de las personas considera que el estrés y la ansiedad son la repercusión más probable que sufrirán los menores de edad que experimenten cualquier tipo de violencia en sus hogares. Mientras que un 69% considera que la consecuencia más probable es el uso de drogas y la tenencia de armas.

Lamentablemente, estas percepciones coinciden, con la realidad nacional, ya que el país atraviesa una problemática social en donde, cada año, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en conjunto con el 9-1-1 recibe miles de denuncias sobre situaciones que violentan los derechos de las personas de edad.

Por ejemplo, en el 2022 el PANI atendió 81.644 situaciones violatorias a los derechos de las personas de edad. De ellas un total de 3 418 están relacionadas a abuso sexual; 11 667 a violencia física; 7 192 a violencia psicológica; 17 065 por negligencia en materia de salud, y 2227 por casos de negligencia por personas menores de edad solos en casa. 

En ese mismo periodo el PANI atendió un total de 2533 casos por situaciones violatorias relacionadas con conflictos vecinales, un total de 15 995 casos relacionados a conflictos familiares, un total de 5746 denuncias por menores que estuvieron expuestos a drogas, 201 casos por explotación y un total de 4904 por consumo de drogas.  

Por otra parte, el Hospital Nacional de Niños, confirmó que 254 menores fueron referidos al PANI, en el año 2022, luego de que los análisis médicos determinaran que sufrieron violencia física o sexual, mientras que para el año 2023 esa cifra aumentó a 315 menores.

En cuanto a la problemática de la violencia infantil, la Mag. Laura Rivera Alfaro, investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) manifestó que la desigualdad social que atraviesa el país contribuye que este fenómeno se fortalezca.

“Esta es una cuestión de realidad que tiene que ver con las formas en las que la sociedad en este momento se está estabilizando en términos de condiciones socioeconómicas, vivimos en un país en donde alrededor del 40% de las personas menores de edad están en condición de pobreza y hay desigualdad social. Entonces, ya ahí hay una forma de violencia establecida que es la carencia y la falta de oportunidades que tienen estas personas para resolver sus derechos básicos, y esa es una violencia que como sociedad perpetuamos, que no es solamente intrafamiliar. Sabemos que hay violencia infantil en todos los niveles socioeconómicos, pero es en los entornos familiares más desfavorecidos en donde es más probable que se violente el derecho a la educación, o que las personas menores de edad estén más expuestos a otras situaciones de violencia física, sexual o psicológica” explicó Rivera.    

En su opinión, la pandemia también pudo haber influido en que se diera un subregistro en las estadísticas nacionales sobre los casos de violencia infantil en los últimos años, debido a que los centros educativos (uno de los principales lugares donde se detectan las situaciones de violencia) al estar en modalidad virtual probablemente no pudieron determinar ni denunciar algunas situaciones que violentaron los derechos de las personas menores de edad.   

Con respecto al tema de la violencia psicológica, la experta de la UCR afirmó, que en los últimos meses se han venido legitimando discursos en contra de la población menor de edad, por parte de algunos jerarcas, en donde se hace referencia a una generación de cristal. Desde su perspectiva este tipo de mensajes contribuyen a que se desvaloricen las emociones de las personas adolescentes y en cierta forma esto influye en que se normalice el abuso psicológico y emocional.

Ticos no confían en la labor del Patronato Nacional de la Infancia

Por otra parte, la encuesta también determinó que el nivel de confianza de los costarricenses con respecto a la labor que ejerce el PANI para atender la violencia hacia los menores de edad en Costa Rica es bajo.

En general, los resultados demuestran que el 32,9% de las personas encuestadas no confían en el PANI, el 40,4% confía poco, el 20,1% confía algo y solo el 6,5% confía mucho.

Sobre esta percepción, Rivera comentó que es importante vislumbrar que, con las políticas de reducción del gasto público, también ha disminuido la inversión del país en programas y acciones para resguardar los derechos de las personas menores de edad.

“Claramente el debilitamiento que se ha venido dando en el PANI y en otras instituciones que están orientadas a garantizar este tipo de derechos pasa también una factura en la confianza que la población tiene, porque en efecto su labor se ve más limitada porque se recortan fondos o presupuestos para los servicios, y sin duda hay instituciones como el PANI que tienen muchos años de tener carencia de personas profesionales para cumplir con los procesos de trabajo que tienen que desarrollar.  Por ejemplo, el PANI debería de ir un poco más allá y educar e impulsar acciones para que se generen entornos protectores, donde la violencia psicológica o física se limite, pero eso es una labor que en este momento está casi que, excluida de las posibilidades de la institución, porque no hay profesionales, no hay presupuesto y hay que priorizar” explicó Rivera.

En su opinión, las instituciones y organizaciones a cargo del resguardo de derechos fundamentales deben seguir resistiendo y buscando otras formas de incidencia política, mediante la cual logren conseguir los recursos necesarios para seguir amparando a estas poblaciones vulnerabilizadas.