Durante la presentación del procurador general de la República, Julio Jurado Fernández, en la comisión legislativa que analiza el financiamiento de la educación superior pública, el abogado del Estado dejó claro que constitucionalmente la Asamblea Legislativa no tiene potestad para recortar el FEES que se negocia con el Poder Ejecutivo.
Luego de esta comparecencia, los diputados del Partido Liberación Nacional, Yorleny León y Wagner Jiménez, en un comunicado de prensa que circularon el pasado 24 julio, manifiestan que solicitarán al procurador general y a otros procuradores que tengan vínculos contractuales con las universidades públicas que se inhiban de conocer asuntos relacionados con temas universitarios, debido a que existiría un posible conflicto de intereses. No obstante, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no prohíbe a los funcionarios de esta institución ejercer cargos docentes.
Según Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de Conare, “este argumento es a todas luces absurdo. Si siguiéramos esta misma lógica, entonces se debería solicitar igualmente la inhibición de todos los diputados y diputadas que tienen algún vínculo con las universidades públicas, pero igualmente a aquellos que lo tienen con las instituciones de educación superior privada, pues esto también podría suponer un conflicto de interés”. En este caso, casi ningún congresista que está en este momento en la comisión que analiza el FEES podría opinar al respecto, pues por ejemplo la diputada León fue profesora del recinto de Guápiles de la Universidad de Costa Rica del 2002 hasta el 2017, Wagner Jiménez ha sido profesor y asesor académico en la Universidad Católica y en la Universidad Castro Carazo, Mario Castillo fue por muchos años funcionario del TEC, Eric Rodríguez ha fungido como docente en la UNED, en la UACA y en la UIA, y Enrique Sánchez es actualmente estudiante de la UCR.
Según Jensen, “también según esa lógica esgrimida por algunos diputados liberacionistas, se debería solicitar la inhibición de gran parte de la Corte Plena, pues cinco de sus miembros son actualmente docentes de la UCR y tres más lo fueron en algún momento, o son egresados de esta casa de estudios. Esto nos llevaría a la insólita situación de que los asuntos de la UCR o de las universidades públicas tendrían que ser vistos por cortes internacionales, pues en el Poder Judicial muchos de sus funcionarios tienen o han tenido vinculación con estas instituciones”.
Los constitucionalistas de 1949 tuvieron una visión muy clara de lo que significa la división y la distribución de los poderes, que quedó plasmada en la Carta Magna que nos rige en la actualidad. En ella, el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo tienen muy bien definidas sus funciones y sus límites, lo cual ha permitido a Costa Rica establecerse como una de las democracias más sólidas de Latinoamérica.
De igual manera, fueron visionarios al otorgarle a las universidades estatales una autonomía especial que les brinda independencia para el desempeño de sus funciones, así como para determinar su organización y gobierno propios, sin la injerencia de intereses políticos ajenos a la academia.
“Es preocupante que la comisión que analiza el FEES emita criterios anticipados y busque desde ahora modificar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política para ejercer control sobre la educación superior pública. También, es preocupante que se digan falsedades, como que no respondemos con transparencia a todas las consultas que nos hacen, o que se emitan criterios sacados de la manga como el de pretender inhibir al procurador porque tiene un criterio contrario al que ellos quieren escuchar. Esto evidencia que el objetivo de esta comisión no es fortalecer la educación superior pública, sino más bien debilitarla”,concluyó el rector Henning Jensen.
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