En medio de la ola de criminalidad que atraviesa Costa Rica, algunos sectores de la población y del Poder Ejecutivo han cuestionado la decisión de algunos jueces de no imponer prisión preventiva a personas que la policía ha capturado como sospechosas de cometer algún delito.

En este sentido, la Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley que pretende reformar el artículo 239 y 239 bis del Código Procesal Penal relacionado con el tema de la prisión preventiva.

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El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho reunió a tres juristas con amplia formación y experiencia en el tema para analizar el proyecto de ley y compartir su criterio sobre la hoja de ruta que debe seguir el país ante el crimen organizado.

Uno de los expositores fue Daniel González Álvarez, exmagistrado de la Sala Tercera del Poder Judicial, quien considera que el nuevo texto propuesto obligaría a los tribunales a dictar prisión preventiva de forma automática, porque se está pasando de decir:

“…el tribunal también podrá ordenar la prisión preventiva del imputado…”

a decir:

“…el tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado…”

“La reforma lo que pretende es hacer obligatoria la aplicación de la prisión preventiva. Se ha dicho que no es automático. Incluso, algunos de los diputados que han defendido la reforma han señalado que la sustitución de “podrá ordenar” a “ordenará” no significa que se aplica de forma automática. Si esto es así, entonces ¿por qué quieren hacer el cambio de la palabra?”, cuestionó González.

Para el jurista, una interpretación al pie de la palabra podría provocar la inobservancia del mismo Código Procesal Penal, de convenciones internacionales de derechos humanos, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Constitución Política de Costa Rica.

En este sentido, recordó el caso de México, donde se aprobó la prisión preventiva automática hace algunos años e, incluso, se le dio rango constitucional, como un esfuerzo para disminuir la criminalidad. Sin embargo, el resultado es que el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no se logró mejorar el tema de la seguridad.

“Si los mexicanos hubiesen tenido éxito, nosotros podríamos ponerlo a prueba para resolver el problema de la criminalidad. Pero no es así. Lo que haríamos es sencillamente disminuir garantías”, advirtió.

En este sentido, González defendió el Código Procesal Penal ante las críticas sin argumentos que ha hecho el presidente de la República en su contra y afirmó que es una herramienta fundamental en la aplicación de la justicia, la cual fortaleció al Ministerio Público en su labor investigativa, amplió los derechos de la víctima y reguló más adecuadamente las garantías relacionadas con el imputado.

Para el exmagistrado, la prisión preventiva “automática” es otra respuesta fácil que no resuelve el problema de inseguridad. En esta línea, señala que el aumento de la presencia policial, la militarización de sus funciones, el endurecimiento de las penas y el incremento de personas encarceladas es una receta que el país ya ha probado en varias ocasiones y no ha surtido ningún efecto.

“Nosotros ya hemos recurrido varias veces a modificar la legislación pretendiendo resolver el problema penal. A finales del siglo pasado aumentamos a 50 años la pena máxima de prisión y no hemos logrado disminuir la criminalidad. Pudimos haber puesto 100 o 200 años. Eso no ha tenido ninguna eficacia en la disminución de la criminalidad. Es el mejor ejemplo para indicar que no existe una relación entre legislación severa y disminución de la criminalidad, porque la criminalidad no se combate con ley”, subrayó.

El expositor sostuvo que, para obtener resultados positivos, la persecución de la criminalidad no puede basarse en concepciones ideológicas ni en aspectos subjetivos, sino en estrategias bien organizadas y sincronizadas que no atenten contra el Estado de derecho ni contra la democracia.

A propósito del tema, puso como ejemplos a España, Italia, Chile y Argentina en sus épocas de dictadura, países que sacrificaron las garantías individuales para ofrecer una relativa paz en las calles, pero que, al final, se tradujo en abusos de autoridad, persecución política, muertes y personas desaparecidas.

Por otro lado, mencionó el actual caso de El Salvador, donde se ha logrado disminuir la tasa de homicidios con base en una legislación muy represiva. Señaló que, si bien, a simple vista podría destacarse como algo positivo, lo que no se menciona es que, para ello, se destituyó al Tribunal Constitucional y a la mayoría de jueces y magistrados para nombrar a personas afines al partido político en el poder. Además, se suspendieron las garantías constitucionales y se modificó la legislación secundaria.

Según González, en estos momentos, El Salvador tiene a unas 60 000 personas en prisión preventiva. Dada la imposibilidad de atender caso por caso, se crearon reglas de unificación de causas, las cuales permiten aglomerar a 200 imputados, hacer un solo proceso de una semana y tener 200 sentenciados a partir de una sola resolución. Sin embargo, señala que los delitos económicos, sexuales, la evasión de impuestos y la corrupción en la administración pública quedaron fuera de este tipo de medidas contra la criminalidad.

“El precio de lograr esos resultados es muy alto. Además, comienzan persiguiendo delincuentes, luego siguen otros: los opositores políticos. Y luego siguen otros: los religiosos, los periodistas también. En México matan periodistas todos los meses todavía”, resaltó el jurista.

Respuestas técnicas

Para González, el tema de la seguridad ciudadana requiere una gran cantidad de políticas públicas en muy diversos planos, las cuales deben ser el resultado de amplios procesos de consulta con todos los sectores de la población y distintos grupos de opinión, de manera que la Asamblea Legislativa apruebe proyectos más efectivos y que respondan a necesidades reales.

No obstante, esto no justifica que el Poder Ejecutivo evada su responsabilidad en materia de seguridad ciudadana y culpabilice a los otros poderes de la República por el aumento de la criminalidad en el país. Entre otras acciones que puede hacer el Gobierno, el exmagistrado sugirió el fortalecimiento de programas sociales, económicos, educativos y culturales en escuelas y colegios para brindar mayores oportunidades.

A propósito del tema, González destacó una reciente publicación de El País, de España, en la que se registra que Costa Rica ha disminuido un 12 % su inversión en educación, salud, vivienda, trabajo y bienestar en general, mientras que aparece con el mayor índice a nivel productivo entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para el jurista, estos datos revelan que la riqueza se sigue concentrando en muy pocas manos, lo que recrudece la desigualdad social. Esta situación es el caldo de cultivo para que el crimen organizado se afiance aún más entre los sectores más empobrecidos de la población. De ahí, la urgente necesidad de que el Gobierno invierta recursos suficientes en programas dirigidos a disminuir la estratificación social y en programas preventivos en sentido estricto.

En el ámbito de la investigación criminal, el expositor apuesta al fortalecimiento de una investigación científica en dos grandes áreas del Organismo de Investigación Judicial: la financiera contable y la tecnológica, para que los procesos de apertura y revisión de dispositivos digitales sean más ágiles y efectivos, por ejemplo.

González también considera necesario fortalecer la Fiscalía General, definir estrategias adecuadas de persecución y explorar en nuevas metodologías de investigación criminal que están dando muy buenos resultados en otros países. Mientras que, en el tema del juzgamiento, apunta que se requiere simplificar los procesos para que causas simples no se vuelvan eternas.

“Con cambios legislativos no lograremos salir adelante contra la criminalidad. Solo se podrá salir adelante a través de un conjunto de políticas públicas integrales bien planificadas, estructuradas y estudiadas, en donde se involucren todos los sectores sociales, no solo los órganos públicos y estatales, sino también las universidades, los grupos sociales y la sociedad”, sentenció González.