La Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica (UCR) organizó el pasado 9 de abril el conversatorio “Empleo público: una visión integral de los retos”, en el que los académicos leen el proyecto presentado a la Asamblea Legislativa como uno que retrocede al país a la constitución liberal del inicio del siglo pasado, donde el autoritarismo era la forma de gobierno.
En el conversatorio participaron, la máster Angélica Vega Hernández de la Escuela de Administración Pública, el doctor Mauricio Castro Méndez, de la Facultad de Derecho y el doctor Gerardo Hernández Naranjo, del posgrado en Ciencias Políticas. La mesa de diálogo fue conducida por María José Cascante, directora del doctorado en Política Pública.
El empleo público es una discusión cíclica, que regresa en cada crisis económica y es terreno de batalla, explicó Angélica Vega, lo anterior por ser el lugar neurálgico de la política pública. “En donde está el dinero, está el foco de la política pública” explicó Mauricio Castro.
Vega defendió la urgente necesidad de abordar el tema del empleo público abriendo la discusión, con el fin de que la misma supere la visión fiscal y no se limite al tema salarial: cosa que el documento presentado no logra hacer.
“No se explican los cómo, el texto dice que hay que hacer evaluación, pero no dice cómo, de hecho ya el sector público se evalúa, pero esa evaluación no funciona y este documento no resuelve el problema”, explicó Vega.
Agregó que aunque el texto del proyecto de ley contiene una valoración inicial en la que advierte que el mismo no tiene un interés fiscal y que aborda el tema con el fin de dar eficacia al empleo público, finalmente a criterio de los expertos no logra abordar más que temas salariales.
Costa Rica: sociedad con poder repartido
Tras la constitución liberal, Costa Rica experimentó una evolución en la construcción más igualitaria de la sociedad con las conquistas sociales ganadas en los años 40, entre las cuales se reconoce el sector trabajador (público y privado) como un actor social.
De esta manera, el empleado empezó a tener otro perfil debido a varios factores como el reformismo social, lo que le permitió definirse más por el servicio que ofrecía a la ciudadanía que por ser ejecutor de una línea de Gobierno.
“Antes de los 40 el empleo público no era más que un instrumento de campaña electoral” Mauricio Castro M.
El empleado público, sin embargo, hoy sigue representando una garantía a la sociedad costarricense, pese a ese imaginario colectivo deteriorado y la percepción de que se reciben malos servicios públicos.
El doctor Gerardo Hernández Naranjo opinó que se ha debilitado la conciencia nacional con respecto a la importancia estratégica que tienen las instituciones públicas, los servidores públicos y los servicios que prestan a la democracia, los derechos humanos y cómo contribuyen en la estabilidad social y política del país.
De hecho, se debería valorar por ejemplo, la cantidad de subsidios que recibe el sector privado gracias a la existencia del sector público en investigación aplicada, además de la conocida estabilidad social que el Sistema hoy aún resguarda.
El poder político pretende que líneas autoritarias, que suponen lineamientos autoritarios, pasen por encima de convenciones colectivas, lo cual obliga a hacer la lectura de que también pretenden pasar por encima de los derechos humanos y constitucionales.
“Estamos frente a la línea marcada por el presidente Carlos Alvarado Quesada”
La precarización del trabajo privado
Para Hernández, la discusión y el discurso político y mediático ofrecen una visión distorsionada y negativa de todo lo público, donde se ataca a las instituciones que son la base del Estado Social de Derecho, se ha desviado la atención de grandes problemas estructurales como la precarización del empleo privado, la evasión fiscal, el desempleo y la violencia social y política, entre otros.
Según el politólogo, la acentuación de este discurso tiene como consecuencia el deterioro de la convivencia y estabilidad democrática, y la naturalización de la pobreza y la desigualdad.
Es una discusión que corre mientras se extiende la precarización del trabajo en el sector privado y en la ciudadanía en general.
Se ha llegado a tal punto de simplificación y banalización de la discusión donde, por ejemplo, las universidades ya no son motivo de orgullo del desarrollo nacional, no son centros de formación del pensamiento crítico o donde se gradúan los mejores profesionales que requiere el país, si no que ahora son “repúblicas independientes llenas de privilegios”.
Se abusa de la generalización como si todo el empleo público se tratara de privilegiados y millonarios cuando lo cierto es que hay incluso personas representantes del Estado que viven bajo la línea de la pobreza, como es el caso de policías y maestros.
No es correcto, por tanto, hablar de un Estado único ya que éste es complejo y heterogéneo, donde convergen diversidad de actividades y organismos, por lo que hay condiciones laborales diferenciadas y cada tarea tiene sus particularidades.
Propuestas
El doctor Mauricio Castro cree que la Asamblea Legislativa debe preguntarse si su trabajo es destruir derechos humanos o extenderlos, porque en esta discusión tendrán esa tarea. También pide cuestionar si el autoritarismo genera la eficiencia que se busca en el empleo público.
Vega agrega que la necesidad radica en elevar la discusión del empleo público para que este sea abordado en su integralidad y complejidad, la cual supera por mucho la discusión salarial y hace un cuestionamiento puntual para que se valore la capacidad del Ministerio de Planificación de asumir la rectoría del Empleo Público.
Por su parte, Hernández advierte a la Asamblea que los empleados públicos no son privilegiados: son garantes de derechos, de participación ciudadana y representantes del Estado Social de Derecho.
Comentarios