El Consejo Nacional de Rectores (Conare) envió una carta al Ministro de Educación Pública, Edgar Mora, con el propósito de que se excluya a las universidades públicas del procedimiento que realizará la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) para certificar la aplicación de la regla fiscal, pues esto viola la autonomía universitaria.
La regla fiscal es un procedimiento aprobado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que impone un tope al gasto público, según el monto de la deuda. Es decir, se le pone un límite a lo que se gasta dependiendo de lo que se deba. Sin embargo, la Constitución política en el artículo 84 establece el mecanismo para la negociación y aprobación de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior, mecanismo que según algunos sectores quedaría obsoleto tras la aprobación de la regla fiscal.
Para certificar el cumplimiento de la regla fiscal, la STAP, que es la instancia encargada de elaborar y dar seguimiento a las directrices y normativas en materia de política presupuestaria y la participación en la evaluación de la gestión institucional, envió una circular a las entidades públicas no financieras, incluidas las universidades, para que presenten ante este órgano la información de los presupuestos ordinarios 2019.
En caso de no hacerlo se informó que se certificará que los presupuestos para el ejercicio económico siguiente incumplen con la regla fiscal y no serán aprobados por la Contraloría General de la República.
Cabe resaltar que las universidades estatales nunca han estado sometidas a la regulación, verificación o supervisión de la Autoridad Presupuestaria.
Ante esta situación, el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración de la UCR, señaló que al clasificar a las universidades como parte del sector público no financiero, las incluye tácitamente dentro de los alcances de la autoridad presupuestaria, lo que es violatorio del artículo 84 de la Constitución Política, que les otorga independencia de funciones, organización y gobierno propio.
“No se trata de defender privilegios, si no de defender el Estado Social de Derecho. No puede ser que producto de una ley o un reglamento se pretenda sustituir lo que señala la Constitución Política, nuestros constituyentes protegieron sabiamente los recursos para la educación pública mediante la propia Carta Magna y eso no se puede violentar ”.
Carlos Araya Leandro, Vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica
Asimismo, el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR y presidente de CONARE, recalcó que en la actualidad los preceptos constitucionales se encuentran en proceso de erosión por múltiples razones, una de ellas la restauración del poder del estado amplio y concentrado, a lo que la Carta Magna había puesto límites. Por ejemplo mencionó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que es interpretada por algunos sectores políticos como que subordina todas las instituciones nacionales a la Autoridad Presupuestaria.
Para Araya, existe un alto nivel de incertidumbre pues ante este panorama la Comisión de Enlace, que es el ente creado para la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se quedaría sin su función principal que es la definición del presupuesto para las universidades públicas, ya que la aplicación de la política pública se estaría realizando por medio de una fórmula matemática que establece la regla fiscal y de esta manera se estaría haciendo desaparecer el FEES.
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