Santo Domingo, R.D. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), organizó el simposio “Sistema Dominicano de Seguridad Social”, en el marco del primer Congreso Dominicano de Salud Pública: Teorías y Prácticas.
El panel que se desarrolló en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir estuvo a cargo de los docentes: Pedro Luis Castellano, investigador de INTEC; Gregorio Moya, de la Coalición por la Seguridad Social Digna y José Selig, profesor de la escuela de Salud Pública de la UASD, quienes propiciaron el enriquecimiento de los conocimientos en el ámbito de la salud pública, con sus argumentos.
Sobre el Simposio:
Los expertos tocaron los temas relativos a la protección social, la negación de derechos y el financiamiento a la salud, en el marco de la seguridad social.
Expresaron que la población tiene una negación de derechos, porque la ley de seguridad social no garantiza servicios de salud, ni el tipo de atención que la sociedad demanda.
Definieron la seguridad social como la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso de la vejez, el desempleo, enfermedad, invalidez, entre otros.
Señalaron que la última ley de seguridad social se modificó con el propósito de ofrecer mejoras en los servicios y acceso a la población, para reducir el bolsillo del contribuyente, pero esto no ha sido posible porque esta ley es fallida.
Apuntaron que el gasto del bolsillo ciertamente se redujo de 55% a un 49 %, pero eso no es tan significativo, ya que todavía sigue siendo costoso fundamentalmente en los servicios de la salud.
Afirmaron que la seguridad social ha fracasado en la República Dominicana porque se fundó un sistema privatizado y a la vez social, que se contradice cuando ofrece un servicio de salud que no garantiza.
Explicaron que el derecho a la salud es muy bajo, porque cuando un paciente necesita de una operación los seguros médicos no cubren el procedimiento que el profesional de la salud recomienda, y si tiene cobertura, es solo es un porcentaje muy mínimo dejando una diferencia que el paciente no puede completar.
Reconocen que la protección social no existe porque cuando el ciudadano pierde su empleo, cuando no puede trabajar por vejez, cuando tiene una situación de enfermedad y no tiene el dinero para pagar los gastos o cuando muere; al familiar que queda no le dan la protección alimentaria para seguir sobreviviendo sin esa persona que llevaba el sustento a su casa.
Indicaron que en cuanto a las pensiones, en el país sólo el 21% de la población logra acumular las 360 cotizaciones, pero esos que lo logran pueden percibir solo un 30% de su último salario que prácticamente es el equivalente a nada.
“Cuando el trabajador se pensiona pierde automáticamente su seguro, lo que dificulta el resto de sus años de vida sin posibilidad de protección de salud, ya que el área de salud no garantiza los medicamentos, estudios o servicios que puedan sanar una enfermedad a los pacientes”, subrayan los expertos.
El congreso organizado por la Escuela de Salud Pública inició el martes 23 de mayo, con la participación de importantes expositores nacionales e internacionales.
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