Introducción

• La crisis actual que vive el país tiene dos componentes esenciales: el sanitario y el económico. En ambos casos hay respuestas inmediatas que deben ser ofrecidas para evitar la profundización y afectar la menor cantidad de personas posible; quedarán, sin embargo, en toda la sociedad, secuelas que demandan acciones contundentes para el mediano y largo plazo, a fin de contrarrestar una escalada de la crisis, que podría ser larga dada sus implicaciones internacionales.

• Las deficiencias mostradas por el sistema de salud ante la presencia de la epidemia del Covi-19, y que más adelante podría presentarse bajo otra modalidad de semejantes efectos, sumado a las debilidades en los altos índices de mortalidad materna, mortalidad neonatal, mortalidad por dengue y leptospirosis, la insuficiencia de camas, equipos y personal médico y del gasto en salud, así como las dificultades por implantar a nivel nacional la red de atención primaria, entre otros aspectos, es un toque de alarma ante el cual el Estado y la sociedad deben reaccionar de forma contundente a partir de esta trágica experiencia.

• De igual manera, sucede con los efectos económicos de las necesarias medidas tomadas para evitar la extensión de la epidemia. El cierre de empresas industriales, comerciales, hoteles, aeropuertos, establecimientos de servicios no esenciales, sistema educativo y otras actividades ha tenido un grave efecto en la producción, el empleo y el consumo. Si bien el gobierno ha acudido, en un primer momento, con un plan compensatorio en lo monetario y fiscal, se hace necesario que tras el control sanitario del virus se adopte un nuevo paquete de medidas de recuperación con un mayor alcance, pues las principales variables de la economía necesitarán un tiempo prudente para volver a estabilizarse, siempre que haya una actitud proactiva de todos los sectores involucrados.

• Ante esa necesidad es pertinente un entendimiento nacional entre todos aquellos sectores, organizaciones y personas con responsabilidad política, pública, social, cultural, académica y ciudadana en general, en condiciones de aportar soluciones, energías y recursos para enfrentar y revertir los efectos sanitarios, reconstruir la economía, con mayor bienestar, pero distribuyendo los costos y sacrificios que esto implica.

• Este entendimiento nacional debe tomar en cuenta la experiencia mundial que se vive; el reconocimiento a la importancia de la infraestructura sanitaria y la salud de la población;  el valor de tener una amplia, diversificada y moderna producción nacional; la justeza y el derecho a una mayor participación en las decisiones nacionales del que aporta su trabajo, recursos y conocimiento para crear riquezas, alcanzar un mejor funcionamiento del Estado, disfrutar de estabilidad política y macroeconómica y de cohesión social.

Estado actual de la economía dominicana

• Como es conocido, ya antes de esta nueva situación de alcance mundial, la economía dominicana había iniciado un proceso de ralentización, bajando de crecimientos de 7% y 6% antes de 2018, a un 5.1% en 2019, previéndose para el 2020 un 4.6%, según el Banco Mundial. En los últimos años, si bien se ha creado un promedio de 110,000 empleos anuales, el desempleo abierto en 2019 fue de 5.9% y el ampliado se mantuvo alrededor de 11.5 %, y en este último, las mujeres y los jóvenes superan el 20%, debido a la gran cantidad de jóvenes que entran al mercado laboral y a la inestabilidad del empleo en el amplio sector informal.

• En adición a este desempleo, a su precaria formalidad y al alejamiento de lo que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) denomina empleo decente, la retribución al factor trabajo en la economía dominicana es muy baja y desigual. Los datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) lo muestran con claridad. A febrero de 2020 el 74.22% de los trabajadores afiliados a la seguridad social, es decir, 1,668,606, tenían un salario mensual menor de RD$25,000.00, estando muy lejos de cubrir la canasta familiar promedio nacional de RD$31,000.00 mensual, afectando más al 40.5% que recibe menos de RD$15,000.00 al mes. Para una parte de estos trabajadores la situación es peor, pues al ser despedidos o suspendidos, sus ingresos han desaparecido o disminuido.

• Si bien el gobierno y la sociedad han logrado bajar los niveles de pobreza, esta aún es significativa, estando por encima del 20% según cifras oficiales, existiendo un amplio sector laboral y de productores independientes que es vulnerable a los cambios económicos drásticos, como el que se experimenta en la actualidad, regresando al laberinto de los pobres. Todo esto tiene un efecto restrictivo en la ampliación del mercado interno, la inversión privada, la recuperación económica y en el bienestar general.

• Si bien la República Dominicana mantiene un importante sector agropecuario que ofrece en buena medida seguridad alimentaria básica, lo que en esta crisis sanitaria ha jugado un papel estratégico, debiendo ser reconocido el esfuerzo de nuestros productores, jornaleros agrícolas y las autoridades del sector, se debe admitir que a nivel industrial se aprovecha poco el sector agropecuario, existiendo en la agroindustria una gran potencial para el empleo, la inversión, alimentación, exportaciones y creación de valor agregado, todo lo cual se debe desarrollar, hoy más que nunca que la economía necesita poner en movimiento todas sus energías y recursos productivos.

• En otro aspecto, es sabido que la economía dominicana depende mucho de su sector externo (exportaciones originarias y de zonas francas, importaciones, turismo, inversión extranjera, préstamos, remesas), lo que beneficia más al país cuando la economía mundial está en auge, y limitando en situación de recesión mundial, conflictos o pandemias, como en el presente. A pesar de que en los últimos años, el país ha venido mejorando los indicadores de competitividad, sin embargo, esto nos lleva a reflexionar no solo sobre la conveniencia de fortalecer el sector interno de la economía, para disminuir la vulnerabilidad externa, sino también en el aumento de la innovación y la productividad y así mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

• Para el logro de esos objetivos estratégicos, ya presentes en la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada en el 2012, las autoridades nacionales deben llevar a cabo políticas públicas inclusivas y expansivas, de amplio efecto en lo económico, lo social y lo institucional, con la integración de los sectores productivos y de todos aquellos que pueden incorporarse a la cadena de valor y a la inversión social, con lo cual se tendrá más estabilidad política, y, por tanto, más democracia, imprescindible para salir de la crisis que hoy ya se sienten sus efectos.

• En esa dirección, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dice presente, como ente estatal y principal centro académico de la nación, aportando sus ideas para una discusión nacional, a los fines de que los diferentes sectores de la sociedad se incorporen a este gran dialogo nacional de manera equitativa e incluyente.

Acciones para el dialogo nacional y reactivación de la economía

A partir de estos planteamientos, se presentan las siguientes propuestas para la discusión y posterior aplicación según el consenso alcanzado: 

1. Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, a la clase política del país, sector empresarial. trabajadores, academias y demás sectores de la sociedad civil a un gran dialogo nacional.

1. Modificación profunda del sistema sanitario y la seguridad social, a partir de los siguientes aspectos estratégicos, a ser completados con medidas específicas:

• Concertar con los diferentes actores del sistema de salud el tema de la atención primaria y de la prevención en salud, incluyendo medidas que disminuyan los accidentes de tránsito, convertidos ya en un grave problema de salud pública;

• Garantizar un aumento sostenido del presupuesto del sector salud

• Aumento de la desconcentración y descentralización de los servicios sanitarios, con participación de los gobiernos locales, las comunidades y sus organizaciones;

• Iniciar un proceso de revisión profunda e integral a la Ley 87-01 sobre la seguridad social.

• Fortalecimiento institucional y presupuestario de todas las instancias de protección y asistencia en caso de riesgos y emergencia (911, Defensa Civil, CNE, COE, PN, ONG del sector);

• Creación de un programa para reservas estratégicas de equipos e insumos médicos;

• Aumento sustancial de la contratación de recursos humanos en salud, creándose las condiciones salariales y logísticas para el equilibrio en su distribución nacional;

• Aumento de la capacidad pública y privada para la producción de medicamentos;

• Creación de un programa, supervisado por el MESCyT, con importantes recursos materiales y humanos, para la investigación en el área de la salud por parte de las universidades.

• Creación de un Programa de Emergencia para la Recuperación Económica (PERE), que apoye la producción y el empleo, disminuya la vulnerabilidad y exclusión de los agentes económicos, aplicando las siguientes medidas:

• Incorporación progresiva, bajo diferentes modalidades, (compra, arrendamiento, coparticipación, etc.) de una cantidad apreciable de tierras de vocación agrícola bajo diferentes condiciones para ponerlas a disposición de campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios, asociados o individuales, dispuestos a ponerlas a producir alimentos e insumos para la industria, otorgando asesoría técnica y financiamiento del Estado, al tiempo que se sigue apoyando a las que ya están produciendo.

• Apoyo a la creación de empresas cooperativas agroindustriales, cogestionadas por los productores agropecuarios, con financiamiento y participación técnica del Estado, para crear un nuevo subsector de empleos y un mercado de productos para consumo nacional y la exportación.

• Garantizar financiamiento en condiciones especiales para las MIPYMES, principalmente aquellas de grupos vulnerables como mujeres y jóvenes. Los fondos podrían ser obtenidos de la disponibilidad de los bancos por excesos de cobertura de créditos improductivos, excesos en provisiones legales sobre los activos, entre otros.

• Iniciar un plan nacional de pequeñas obras de construcción y rehabilitación infraestructuras viales, y sanitarias, así como de construcción de viviendas económicas para población vulnerable.

• Discusión del Pacto Fiscal contemplado en la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, para ser aprobado en la primera legislatura de 2021.

• Concluir la discusión del Pacto Eléctrico, contemplado en la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

• Reiniciar las discusiones en torno a las modificaciones del código laboral de manera equilibrada y que garantice los derechos adquiridos y la incorporación de otros que tiendan a la construcción del empleo digno, consagrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)