• Consejo Institucional  hace un llamado a la Asamblea Legislativa “a buscar soluciones equitativas, progresivas, redistributivas y con justicia social y económica ante el contexto de  la crisis sanitaria en Costa Rica”.

En su Sesión Ordinaria No. 3179, celebrada el 15 de julio de 2020, el Consejo Institucional del Tecnológico de Costa Rica (TEC) acordó: “ externar a la Asamblea Legislativa y a la Comunidad Nacional el compromiso del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de seguir contribuyendo en la búsqueda de soluciones, para contrarrestar las implicaciones del coronavirus COVID-19 en el país, desde los campos de la docencia, la investigación, la extensión y la acción social, como medio para lograr una sociedad más justa e igualitaria”.

Los siguientes son algunos de los acuerdos:

1. Externar a la Asamblea Legislativa y a la Comunidad Nacional el compromiso del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de seguir contribuyendo en la búsqueda de soluciones, para contrarrestar las implicaciones del coronavirus COVID-19 en el país, desde los campos de la docencia, la investigación, la extensión y la acción social, como medio para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

2. Instar a los Diputados y Diputadas a considerar y analizar:

1. 1. Recomendaciones de organismos internacionales que proponen a los Gobiernos acciones fiscales y monetarias, que buscan un efecto equitativo, justo e igualitario en la población en general. 
       
2. 1. Criterio de personas expertas nacionales y de organizaciones sociales del país, que han promovido propuestas de solución, tales como las señaladas en los considerandos

3. Comunicar al Presidente de la República, a los y las Honorables Diputados y Diputadas, al Consejo de Gobierno, a los Consejos Universitarios y al CONARE.

Acerca de la reducción de jornadas en el sector público

El pasado lunes 13 de julio del 2020, el Gobierno de Carlos Alvarado presentó el proyecto N°. 22081 ante la Asamblea Legislativa, denominado “LEY DE REDUCCIÓN DE JORNADAS EN EL SECTOR PÚBLICO”, en donde se estima un ahorro en remuneraciones de 129.700 millones de colones destinados a atender a personas afectadas y sufragar gastos incurridos en el sistema de salud. Por lo que proponen, de acuerdo al artículo 26 de la Ley No. 2166 de Salarios de la Administración Pública, que,  ”por un plazo improrrogable de doce meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán reducir en un quince por ciento (15%), las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual de al menos un millón quinientos mil colones (¢ 1.500.000) por su jornada ordinaria de trabajo…”

Las estadísticas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda muestran que los efectos de esta pandemia a nivel económico son graves y repercuten en las finanzas del Estado, no solo en las grandes empresas sino también, con la mediana, pequeña y micro empresa.

En lo social, los estudios y monitoreos del Programa de Estado de la Nación y el INEC muestran, la tendencia hacia una mayor desigualdad y empobrecimiento. 

Por lo anterior, es que se considera que la convocatoria debe ser dirigida a todos los sectores, para que brinden sus propuestas de solución y de búsqueda de consensos y acuerdos sociales.

Considerando que nuestro país cuenta con expertos, instancias y movimientos sociales, así como con el apoyo de diversas entidades internacionales, que han planteado medidas y propuestas para enfrentar la pandemia, dar solución al problema fiscal y a los criterios sobre los efectos de la aplicación de una reducción del salario público para la economía, se recomienda unir fuerzas en procura de resolver el futuro de nuestro país.

Amparados en la doctrina del Estado Social de Derecho
 

El  Estado Costarricense está sustentado en un sistema institucional, tal como se muestra con los siguientes ejemplos: la educación es considerada como gratuita, bajo la rectoría del Ministerio de Educación Pública (MEP); el Consejo Nacional de Producción (CNP), encargado del  tema de la agricultura y seguridad alimentaria; el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) a cargo de los bonos de vivienda y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que tutela programas y proyectos específicos, a las familias más necesitadas del país, por mencionar algunos casos.

Lo  anterior, según el Consejo Institucional, es una muestra de que a nivel país se está cumpliendo con lo gestado desde 1948 con la doctrina del Estado Social de Derecho, es decir que la estructura jurídica, política y económica garantice los derechos esenciales para mantener el nivel de vida necesario, con el fin de que haya una participación en las decisiones sociales que favorezcan a los sectores pobres de nuestra Nación, en aspectos como salud, educación, vivienda, cultura medio ambiente, defensa y asistencia legal así como a los derechos sociales legalmente incorporados al ordenamiento jurídico.

Agrega el Consejo que el TEC ha sido ejemplo de compromiso con el principal recurso y riqueza de la Nación: las personas, por lo que la generación de capacidades y oportunidades son parte de nuestro quehacer diario en la docencia, investigación y acción social.  Esto está eflejado  en el cumplimiento de los ejes transversales, en los acuerdos del Cuarto Congreso Institucional, en la Ley de Administración Pública y en nuestra Constitución Política.

A continuación, se adjunta el documento completo del acuerdo.