La mayoría de diputados de la Comisión Legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), afirmó ayer que pretenden una modificación de los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, lo cual sometería la educación superior a los intereses de los legisladores de turno y de los grupos interesados en el debilitamiento de la educación universitaria pública, con esta decisión algunos diputados pretenderían tomar decisiones sobre el monto, el destino y la administración de los fondos del FEES.  

En audiencia celebrada en la noche del lunes 22 de julio, el Procurador General de la República, Julio Jurado, afirmó que modificar el acuerdo sobre los fondos del FEES, no es competencia los legisladores. También reiteró que cualquier tipo de disminución de este Fondo por parte de la Asamblea Legislativa es inconstitucional, tal y como fue manifestado en el pronunciamiento de la PGR del 1 de marzo, dentro del expediente 19-0009900007-CO, sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por los rectores de CONARE ante el recorte de 10 mil millones de colones que hicieron los legisladores el año pasado. 

El Procurador, como abogado del Estado, explicó ampliamente el significado de la autonomía universitaria pública, citando el artículo 84 de la Constitución Política que le da a las Universidades independencia para el desempeño de sus funciones, así como para determinar su organización y gobierno propios. 

Según Henning Jensen, Presidente de CONARE,  las afirmaciones del Procurador Julio Jurado respaldan las acciones legales que han tenido que tomar las universidades frente a decisiones que violentan nuestra Constitución Política. “Las normas constitucionales son claras y protegen a la educación superior de intereses políticos; le permiten a nuestro país garantizar inclusión, equidad y universalidad en el acceso a la educación pública”.

Transparencia. A pesar de que las universidades estatales, al igual que el resto de instituciones públicas, cumplen cada año con todas las acciones de rendición de cuentas, las diputadas Xiomara Rodríguez y Yorleny León, y los diputados Pablo Abarca, Erick Rodríguez y Wagner Jiménez afirmaron que las universidades no son transparentes en el manejo de los recursos, al afirmar temerariamente que las universidades no entregan información solicitada, lo cual es falso. Según datos de CONARE, cada año las universidades presentan ante la Contraloría General de la República (CGR) cuatro informes de ejecución presupuestaria, además de un informe de liquidación y dos de evaluaciones del Plan Anual Operativo y Presupuestario. A esto se suman las auditorías internas de cada universidad y las auditorías especiales ejecutadas por la CGR. 

Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional afirmó que “las universidades son transparentes en el manejo de los recursos públicos, esas afirmaciones no son de recibo. Las universidades hemos atendido todas las consultas de medios, diputados y ciudadanos; la información está publicada en las páginas web de las universidades y en las de transparencia, todas las decisiones tomadas son acordes con la estricta planificación que realizamos, afirmar lo contrario es falso y no entendemos a qué intereses responden estas actitudes”.

Para CONARE es preocupante que la Comisión Legislativa que estudia el FEES emita criterios anticipados y busque desde ahora modificar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, sin haber concluido los procesos de audiencia y análisis para emitir recomendaciones y sin siquiera haber escuchado aún a las Federaciones de Estudiantes, a las Vicerrectorías, a los Consejos Universitarios o a los mismos rectores.  

“El objetivo de la Comisión Legislativa era fortalecer la educación superior pública; ahora vemos con preocupación que lo que se pretende es modificar nuestra Carta Magna para restringir la autonomía de las universidades públicas y controlar políticamente las decisiones sobre la educación superior”, afirmó Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica.